Horas antes de que el Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN) suspendiera el polémico concurso para 700 notarías en medio de denuncias de corrupción y fallas procesales, una de sus integrantes, la consejera Paulina Gómez, reveló en exclusiva a Colprensa las profundas grietas internas, la desconfianza en el operador logístico y un inédito protocolo de seguridad que se anticipó a la crisis y que ahora se convierte en la hoja de ruta obligada para garantizar la transparencia del proceso.
La decisión de frenar el concurso se adoptó la noche del martes en una sesión extraordinaria del CSCN, presidida por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. La suspensión respondió a una «denuncia muy fuerte» del presidente, Gustavo Petro, sobre supuestos sobornos de hasta $1.000 millones por cupo y a «observaciones muy serias» de la Procuraduría General de la Nación sobre posibles violaciones al debido proceso de los aspirantes.
Sin embargo, las declaraciones de la consejera Gómez, hechas en el clímax de la incertidumbre y justo antes de la sesión definitiva, demuestran que las preocupaciones ya hacían eco dentro del mismo órgano rector de la carrera notarial, que se enfrentaba a una crisis de confianza que amenazaba con viciar todo el proceso de selección.
Antes de que la suspensión fuera oficial, la consejera Gómez ya creía prudente «considerar una pausa para evaluar las condiciones«. Su principal argumento se centraba en la ausencia del procurador general, Gregorio Eljach, y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro Duque, en la sesión del Consejo programada para la mañana del martes 9 de septiembre, la cual tuvo que ser cancelada por falta de quórum.
Para Gómez, la presencia de estas altas autoridades es «fundamental para garantizar la transparencia, legitimidad y validez del concurso«, pues otorgan la confianza que el procedimiento requiere. Sin la totalidad de sus integrantes, advirtió que se corría el riesgo de que los resultados fueran cuestionados y el proceso perdiera «legalidad«.
Aunque atribuyó las ausencias a «problemas de agenda«, insistió en que la reprogramación o revisión del proceso era la «mejor alternativa para salvaguardar la integridad institucional y el interés público«, una postura que anticipó la decisión que el pleno del Consejo tomaría horas después.
DESCONFIANZA EN EL OPERADOR Y LA PÉRDIDA DE CONTROL
Las inquietudes de la consejera iban más allá de la composición del Consejo y apuntaban directamente al corazón del diseño del concurso, operado por la Universidad Libre tras un proceso de licitación pública.
Una de sus «preocupaciones primordiales» era la posibilidad de que el Consejo Superior se desprendiera de su facultad para resolver las reclamaciones de los aspirantes en cada etapa, delegando esta función en el operador. Gómez expresó su «absoluta convicción» de que el Consejo debía revaluar esta delegación.
Otra preocupación central era la «elaboración del Banco de preguntas, su seguridad y cadena de custodia«, un punto neurálgico para la transparencia de cualquier concurso de méritos. Su desconfianza se hizo evidente al señalar que la Universidad Libre no presentaba «una certificación técnica realizada por una autoridad competente que determine la idoneidad y seguridad» de la infraestructura que ofrecía para la custodia del material.
La situación se tornaba más crítica por la falta de comunicación. «No tenemos comunicación con Universidad Libre, operador logístico. Desconozco por qué no se habilitó la plataforma de inscripciones«, respondió Gómez, confirmando un quiebre de información en el mismo día en que miles de aspirantes debían empezar el proceso.
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Gómez recordó además que su postura inicial y «solitaria» dentro del Consejo fue la de celebrar un convenio con una universidad pública, pero que se impuso la decisión mayoritaria de optar por una licitación.
LA HOJA DE RUTA PARA BLINDAR EL CONCURSO
Frente a lo que describió como una pérdida de confianza por «especulaciones o rumores que han llegado a la primera jerarquía del Estado», la consejera elaboró y divulgó un detallado protocolo de seguridad, una «carta de navegación» para blindar el proceso.
El plan de la consejera propone la conformación de un equipo interdisciplinario totalmente independiente del operador logístico. Este grupo estaría integrado por expertos temáticos con experiencia certificada en las áreas a evaluar, así como por pedagogos y especialistas dedicados a diseñar los instrumentos de evaluación.
También contaría con psicometristas para validar estadísticamente las preguntas, lingüistas para asegurar la claridad y neutralidad del lenguaje, y abogados especialistas en derecho notarial y registral para garantizar la actualidad y precisión normativa.
Finalmente, un equipo técnico se encargaría de implementar el banco de preguntas en un software seguro que garantice la trazabilidad de las pruebas.
Adicionalmente, el protocolo detalla un riguroso sistema de cadena de custodia que abarca todo el proceso. La fase de elaboración requeriría que los expertos firmen acuerdos de confidencialidad y trabajen en preguntas de forma aislada, con todo el material almacenado en un sistema «hermético» con encriptación y acceso restringido.
Posteriormente, la impresión y el empaque se realizarían bajo vigilancia permanente de la Procuraduría, usando sellos de seguridad «únicos e irrepetibles» y códigos de barras para un rastreo total.
Para la distribución, el material viajaría en vehículos blindados o con custodia especializada, firmando actas de entrega en cada punto para verificar la integridad de los sellos. Ya en la fase de aplicación, los paquetes solo se abrirían en presencia de los aspirantes y se prohibiría el uso de dispositivos electrónicos.
Por último, en la etapa post-examen, todo el material se recogería bajo una «cadena de custodia inversa» para ser transportado de regreso; la calificación sería automatizada con lectoras ópticas y los cuadernillos se destruirían ante testigos una vez resueltas todas las reclamaciones.
Finalmente, para eliminar cualquier duda, Gómez propuso la intervención de otros organismos del Estado: la Procuraduría para vigilar la cadena de custodia; la Registraduría para aprovechar su experiencia en seguridad electoral; el Icfes por su conocimiento en la custodia de pruebas masivas; y el Archivo General de la Nación como custodio final de todo el material.
Sus respuestas, que delinearon un concurso a prueba de fallas, terminaron por ser el retrato exacto de todo lo que el proceso suspendido no tenía, confirmando que la decisión final de aplazarlo, que según ella era potestad «exclusiva del pleno del Consejo Superior», era inevitable.
(Colprensa)
