La estrategia de intervención a las EPS del Gobierno Nacional sufre un nuevo revés jurídico y administrativo. La Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de Betty Cecilia Anaya Nieto, quien se desempeñaba como agente especial interventora de Capresoca EPS.
La decisión, que la aparta del cargo por un periodo inicial de tres meses, surge tras evidenciarse un deterioro alarmante en la atención a los pacientes y una salud financiera en «cuidados intensivos» desde que el Ejecutivo tomó el control de la entidad.
Cifras en rojo: Un déficit que asfixia a la EPS
El ente de control, bajo la lupa de la procuradora delegada Tatiana Moreno Shett, reveló datos que justifican la medida cautelar. Según las investigaciones, la gestión de Anaya Nieto y de Yeferson Caicedo Pardo (también bajo investigación formal) dejó un panorama desolador:
Déficit millonario: Un descuadre de 375.000 millones de pesos entre facturación y pagos.
Patrimonio en caída: Una disminución patrimonial superior a los 207.000 millones de pesos.
Siniestralidad desbordada: Un incremento del 121%, lo que compromete seriamente la viabilidad de la EPS a corto plazo.
El drama de los pacientes: Más tutelas y quejas
Más allá de los fríos números financieros, el impacto humano es lo que más preocupa a la Procuraduría. La entidad documentó un «aumento desproporcionado» en el descontento de los afiliados.
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Las peticiones, quejas y reclamos (PQR) se dispararon de manera dramática, pasando de un promedio de 249 mensuales en 2023 a 606 en lo que va de 2025, lo que representa un incremento del 144%. Por su parte, las tutelas —el último recurso de los ciudadanos para salvar sus vidas— se mantienen en niveles críticos, superando los 100 recursos radicados cada mes.
«Se mantienen condiciones de riesgo para la vulneración de los derechos fundamentales a la salud y la vida. Al no recibir servicios oportunos, los afiliados se exponen a complicaciones graves en sus patologías», sentenció la Procuraduría.
Críticas a la Superintendencia de Salud
El fallo no solo apunta a los interventores, sino que lanza un duro cuestionamiento a la Superintendencia Nacional de Salud. La Procuraduría considera que la alta rotación de agentes y la aparente falta de rigor en la selección de los perfiles han impedido cumplir con los objetivos de la intervención.
Con esta suspensión, se busca frenar el presunto incumplimiento de funciones y evaluar si la SuperSalud está eligiendo a las personas idóneas para rescatar el sistema de salud en las regiones.
Por ahora, Capresoca queda en la incertidumbre administrativa mientras se define quién asumirá el mando para intentar estabilizar una EPS que, en lugar de mejorar con la intervención, parece haberse hundido más en la crisis.
