La Procuraduría General de la Nación impuso sanciones ejemplarizantes a cinco docentes y una funcionaria administrativa por el uso de diplomas falsos para acceder a cargos en el sector educativo de Bogotá.
Entre los sancionados destaca Johana Andrea Puentes Morales, docente adscrita a la Secretaría Distrital de Educación, quien fue destituida e inhabilitada por 11 años por presentar un título ficticio de licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Gran Colombia. Este documento le permitió ser nombrada y posesionada en la Institución Educativa Distrital Colegio José Francisco Socarrás desde 2022.
Le puede interesar: Condenan a Marlon Brito por su participación en el secuestro de los padres de Lucho Díaz
La investigación disciplinaria reveló que Puentes Morales no solo falsificó su título, sino que también vulneró los principios de lealtad y moralidad pública, fundamentales para el ejercicio de la función docente.
La Procuraduría calificó su falta como gravísima y determinó que actuó con dolo, es decir, con intención de engañar a las autoridades educativas.
Además de Puentes Morales, otras dos docentes fueron sancionadas por conductas similares. María Cristina Vega Fajardo recibió una inhabilidad de 10 años por presentar diplomas apócrifos como profesora en educación básica primaria y en Psicología y Pedagogía.
Por su parte, María Enilce Cañadulce Castillo también fue sancionada por 10 años al acreditarse con un título falso de la Universidad San Buenaventura para ejercer en el área de preescolar.
El fallo de primera instancia también afectó a Yisela Yolima Bautista Valderrama, funcionaria que ocupaba el cargo de gerente de Talento Humano.
Bautista Valderrama fue inhabilitada por 7 años por utilizar un documento público falso en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, Laura Jenifer Sierra Farfán fue sancionada por proporcionar a las autoridades distritales documentación falsa que la acreditaba como Magíster en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia.
La Procuraduría Distrital de Juzgamiento, encargada del caso, determinó que todas las personas sancionadas actuaron de manera dolosa, engañando al sistema educativo y poniendo en riesgo la calidad de la enseñanza en la capital del país.
El organismo de control subrayó que estas conductas no solo afectan la confianza pública en las instituciones, sino que también menoscaban el derecho de los estudiantes a recibir una educación de calidad impartida por profesionales debidamente cualificados.
