La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Sergio Alejandro Caballero Baute, representante legal del Consorcio Intervigilancia de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por presuntas irregularidades en la prestación del servicio de chips electrónicos para el control de privados de la libertad.
Las presuntas anomalías están relacionadas con posibles cobros por aparatos de monitoreo inactivos, empleados en personas con detención domiciliaria, prisión domiciliaria, beneficios administrativos o medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional. Según la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, esta situación podría representar un detrimento patrimonial superior a $14 mil millones.
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Además, se indaga sobre el servicio de mantenimiento de los localizadores electrónicos, pues al parecer estos dispositivos presentaban fallas en la duración de la batería, incumpliendo las condiciones estipuladas en la ficha técnica del contrato.
El Ministerio Público busca establecer si estas deficiencias fueron consecuencia de fallos en el seguimiento y control por parte de la interventoría y la supervisión del contrato.
