La Procuraduría General de la Nación ha proferido la apertura de una investigación disciplinaria contra Irene Vélez, actual directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), por presuntas irregularidades en el control y seguimiento del proyecto hidroeléctrico Urrá I. La decisión, adoptada formalmente este 26 de marzo de 2026, busca determinar si existieron fallas en la supervisión de la represa que habrían derivado en las graves inundaciones registradas en la cuenca del río Sinú durante el pasado mes de febrero.
El órgano de control no solo centra sus pesquisas en Vélez, sino que ha extendido la actuación a otros seis funcionarios y exfuncionarios de entidades clave como la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la propia empresa URRÁ S.A. E.S.P. El ente disciplinario evalúa si hubo una omisión en la gestión del riesgo y si las órdenes de vertimiento y manejo de caudales se ajustaron a las licencias ambientales vigentes para proteger a las comunidades ribereñas.
La emergencia en Córdoba, que dejó miles de damnificados, puso en duda la eficacia de los protocolos de contingencia de la hidroeléctrica. La Procuraduría intenta establecer si la falta de coordinación interinstitucional y la presunta debilidad en la vigilancia por parte de la ANLA permitieron que el nivel del río Sinú superara los límites de seguridad, provocando el desbordamiento. Esta nueva investigación se suma a otros cuestionamientos que ha enfrentado la funcionaria por su gestión en carteras de alta relevancia nacional.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/ecopetrol-publica-medidas-de-transparencia-para-la-asamblea-extraordinaria/
Finalmente, el Ministerio Público ha ordenado la práctica de pruebas técnicas y testimoniales para esclarecer si hubo faltas gravísimas que comprometieran la estabilidad ambiental y social de la región. Mientras avanza el proceso, la empresa URRÁ y las autoridades ambientales deberán responder por las decisiones operativas tomadas antes y durante la crisis invernal. De hallarse responsabilidades, los implicados podrían enfrentar sanciones que van desde la suspensión hasta la inhabilidad para ejercer cargos públicos, en un caso que mantiene en vilo al sector energético y ambiental.
