La Procuraduría General de la Nación confirmó en fallo de segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad por 10 años al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por irregularidades en la licitación de la fabricación y expedición de pasaportes.
De acuerdo con el ente de control, la decisión que tomó en su momento el entonces canciller careció de fundamento legal y desconoció los principios de la contratación estatal, al declarar desierto un proceso público que cumplía con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones.
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La Procuraduría explicó que Leyva decidió anular la licitación bajo el argumento de que solo había un oferente, lo cual no constituía una razón válida para desechar el proceso, pues ese participante cumplía con las condiciones establecidas. Con su actuación, el exministro desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad, que son obligatorios en los procesos de contratación pública.
El fallo calificó la conducta de Leyva Durán como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que su decisión no estuvo encaminada a garantizar la selección objetiva de contratistas, sino que generó un perjuicio al interés público.
La sanción, firmada por el Procurador General de la Nación, quedó en firme y no admite recursos. De esta manera, Leyva queda inhabilitado para ocupar cargos públicos por los próximos 10 años, en uno de los procesos disciplinarios más relevantes contra un ex canciller en los últimos años.
