La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo presentaron el Informe de Cumplimiento sobre la delimitación del páramo de Santurbán, correspondiente al periodo de agosto a diciembre de 2024, en cumplimiento de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional. Este informe detalla graves problemas en la ejecución del cronograma establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), que ha generado una profunda crisis ambiental y social en la región.
De las 30 mesas de trabajo previstas, solo una se ha realizado, lo que equivale a un cumplimiento del 3,33 %. Esta situación ha provocado un creciente malestar en las comunidades locales, quienes han respondido con protestas y bloqueos debido a la falta de resultados concretos.
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El informe también evidencia una alarmante contaminación por mercurio en fuentes hídricas, con niveles hasta 40 veces superiores a los límites internacionales, atribuida a la minería ilegal. Esto, sumado a la inacción de las autoridades, pone en peligro este ecosistema estratégico y los derechos de las comunidades que dependen de él.
En respuesta, las entidades hicieron un llamado urgente al Tribunal Administrativo de Santander para que se adopten medidas inmediatas, como la imposición de plazos estrictos, un seguimiento riguroso y posibles sanciones por incumplimiento.
Además, destacaron la importancia de garantizar una participación ciudadana efectiva, respetando los derechos de las comunidades afectadas y asegurando que sus voces sean escuchadas en el proceso de protección ambiental.
Según Gustavo Guerrero, Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, es crucial culminar la delimitación del páramo y salvaguardar tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades, tras más de una década de demoras.
Este informe subraya la necesidad de tomar acciones inmediatas para proteger uno de los ecosistemas más importantes de Colombia y restaurar la confianza de las comunidades afectadas.
