En el marco de su vigilancia preventiva, la Procuraduría General de la Nación formuló observaciones al proceso adelantado por EMCALI para una posible alianza estratégica en la prestación del servicio de alumbrado público, al advertir falta de claridad procedimental y posibles incumplimientos de los principios constitucionales de la función administrativa, conforme al artículo 277 de la Constitución y al Decreto 262 de 2000.
El ente de control señaló que, pese a las reuniones sostenidas y a los oficios enviados el 25 y 28 de noviembre de 2025, en los que se insistió en la necesidad de definir un procedimiento claro y un cronograma completo, EMCALI continuó con el proceso de selección sin realizar ajustes, lo que genera incertidumbre sobre las reglas y etapas del mismo.
Según la respuesta de EMCALI, no se ha dado apertura formal al proceso de alianza estratégica; sin embargo, la Procuraduría advirtió que no existe un documento que determine con claridad cuándo se considera abierto o convocado este tipo de procesos, lo que impide verificar si la selección del aliado para el alumbrado público está en curso o no.
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Frente a la publicación en el SECOP II, la Procuraduría fue enfática en señalar que no es válido argumentar la no publicación por no estar el proceso “abierto o convocado”, ya que el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 obliga a divulgar todos los documentos e información contractual, incluso en la etapa precontractual, reiterando la necesidad de transparencia y publicidad en este tipo de actuaciones.
En su respuesta, EMCALI aseguró que no se ha dado apertura formal al proceso de alianza estratégica; sin embargo, la Procuraduría advirtió que no se ha determinado con claridad cuál es el acto o documento que marca dicha apertura, ni en este caso ni en los procesos de alianzas estratégicas en general.
Además, el organismo de control cuestionó que EMCALI afirme que la “invitación no vinculante” enviada el 26 de noviembre de 2025 hace parte de la etapa de planeación, ya que no existe ningún documento oficial que así lo establezca. Esta situación, advirtió la Procuraduría, impide a los ciudadanos y a los entes de control conocer con certeza cuáles actos integran la fase de planeación, afectando la transparencia y publicidad del proceso.
