La Procuraduría General de la Nación instó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), a la Gobernación de Putumayo, a la Alcaldía de Mocoa y a la Corporación Autónoma de la Amazonía (Corpoamazonía) a cumplir con lo ordenado por la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 246 de 2023.
El ente de control recordó que estas entidades tienen la obligación de realizar la consulta previa con el Cabildo Inga Musurrunakuna de Mocoa, Putumayo, antes de avanzar en el proyecto de vivienda rural para la reconstrucción de la ciudad, como lo ordenó el alto tribunal.
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La Procuraduría enfatizó que el cumplimiento de la sentencia es fundamental para garantizar los derechos fundamentales de la población étnica y asegurar que el proceso se lleve a cabo de forma justa, transparente y de buena fe. Además, insistió en que el proyecto debe adaptarse a las necesidades específicas de la comunidad, mediante un diálogo intercultural participativo e informado.
De esta manera, el organismo de control subrayó la importancia de respetar la normativa constitucional y los mecanismos de participación que protegen a los pueblos indígenas, como parte esencial en la construcción de políticas públicas incluyentes en el país.
