El Procurador General, Gregorio Eljach, emitió la Circular 006 del 10 de septiembre de 2025, con la cual estableció directrices de obligatorio cumplimiento para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual en el entorno laboral y educativo. Con esta medida, la competencia disciplinaria para investigar estos hechos queda unificada en el Ministerio Público.
La directriz se fundamenta en un amplio marco normativo nacional e internacional, incluyendo la Ley 2365 de 2024, que busca garantizar el derecho a una vida libre de violencias y discriminación. El documento advierte que la omisión de medidas preventivas y correctivas por parte de empresas e instituciones será entendida como tolerancia frente al acoso.
A partir de esta decisión, la Procuraduría General de la Nación, junto con las personerías municipales y distritales, asumirá de manera exclusiva los procesos disciplinarios por acoso sexual en el sector público, salvo en los casos de servidores de la rama judicial, que seguirán en manos de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
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El Procurador Eljach ordenó a todas las oficinas de control interno disciplinario remitir de inmediato a las procuradurías provinciales, regionales o delegadas los expedientes y quejas en curso sobre acoso sexual. Además, aclaró que, a diferencia del acoso laboral, estos casos no requieren trámite previo ante los Comités de Convivencia Laboral, dado que no son conciliables y deben investigarse tanto penal como disciplinariamente.
En el marco de sus funciones preventivas, la Procuraduría exhortó al Gobierno Nacional a cumplir con obligaciones pendientes de la Ley 2365 de 2024. Entre ellas, la expedición del Plan Transversal para la Eliminación del Acoso Sexual, cuyo plazo venció el 20 de junio de 2025, y la reglamentación del artículo 20 de la ley, pendiente desde diciembre de 2024.
Asimismo, se solicitó al Ejecutivo incorporar en el Sistema Integrado de Información de Violencias de Género (Sivige) un apartado para registrar quejas y sanciones por acoso sexual en los ámbitos laboral y educativo.
La circular ordena a todas las entidades públicas, empleadores privados y contratistas implementar protocolos y políticas contra el acoso sexual, con campañas de sensibilización, garantías de no retaliación contra denunciantes y capacitaciones obligatorias con enfoque de género para directivos y funcionarios.
Además, las entidades públicas deberán presentar un informe anual a la Procuraduría antes del 31 de diciembre de cada año, detallando avances en prevención y protocolos. El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación tendrán a su cargo la inspección y vigilancia del cumplimiento de estas medidas en empresas e instituciones educativas.
El alcance de la normativa es amplio y protege a trabajadores, contratistas, pasantes y practicantes, incluyendo situaciones ocurridas en el lugar de trabajo, viajes, eventos sociales, comunicaciones digitales e incluso trayectos entre domicilio y empleo.
Finalmente, la directriz también se extiende a las Instituciones de Educación Superior, el SENA y las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, fortaleciendo la protección frente al acoso sexual en todos los entornos laborales y educativos del país.
Colprensa
