La Procuraduría General de la Nación ha emitido una advertencia urgente a la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre los graves riesgos que enfrenta Colpensiones en caso de que se apruebe la reforma pensional. La principal preocupación de la Procuraduría radica en la falta de capacidad de Colpensiones para gestionar los nuevos afiliados y aportes que se derivarían de la reforma.
En una carta enviada el 30 de mayo, la procuradora delegada, Diana Margarita Ojeda, destacó que no existe claridad sobre cómo Colpensiones administraría la afluencia de nuevos afiliados y aportes. La Procuraduría ha señalado que, a lo largo de varios años y en diferentes mesas técnicas, se han evidenciado retrasos significativos en la atención de trámites y una gestión deficiente para ponerse al día.
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Además, la Procuraduría notificó a la ministra Ramírez que al menos 45 temas estructurales del sistema requerirán una reglamentación posterior. Esto podría llevar a una alta judicialización y vulneración de los derechos de los afiliados, especialmente aquellos que soliciten prestaciones económicas y se vean afectados por las demoras en la reglamentación.
La Junta Directiva de Colpensiones informó que, al 31 de marzo de este año, se encontraban pendientes 48.833 trámites. La Procuraduría también recordó los problemas surgidos durante la transición del Instituto de Seguros Sociales (ISS) a Colpensiones, que llevó a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional en 2013, una situación que solo se superó parcialmente en 2015.
El ente disciplinario subrayó que Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa ni operativa para implementar la reforma y gestionar aproximadamente 19 millones de nuevos afiliados. A pesar de los planes de contingencia, los atrasos en las decisiones sobre prestaciones económicas para la población afiliada actual no se han resuelto. La meta era reducir las solicitudes vencidas a 5.500 para el 31 de diciembre de 2023, pero el informe del 20 de octubre de 2023 reveló que había 8.609 trámites pendientes.
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Por ello, la Procuraduría hace un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y al Congreso de la República para que consideren los estudios y análisis del costo fiscal que implicará la reforma para el Presupuesto General de la Nación. Se insiste en la necesidad de contar con estudios de impacto fiscal y de sostenibilidad financiera del sistema de Protección a la Vejez a mediano y largo plazo.
Esta advertencia ya había sido emitida en un documento previo durante el segundo debate de la reforma en el Senado, destacando los riesgos de sostenibilidad financiera del régimen pensional. En esa ocasión, la Procuraduría manifestó que la aprobación de la reforma no contó con los estudios técnicos y recomendaciones de diversos expertos.