La Presidencia de la República adjudicó un contrato por $10.000 millones para brindar defensa internacional y asesoría jurídica especializada al presidente Gustavo Petro, en el marco de eventuales sanciones financieras de Estados Unidos. El acuerdo fue suscrito por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y tiene como objetivo atender procesos relacionados con la lista Clinton y otros mecanismos de sanción internacional.
El contrato fue firmado el 9 de enero con la firma Amadeus Consultancy Limited, representada por el abogado estadounidense Daniel Martin Kovalik, y cuenta con sede en el Reino Unido. El valor del acuerdo equivale a COP $10.000 millones, es decir, más de 2,6 millones de dólares, según la tasa de cambio actual, lo que ha generado debate en sectores políticos y de opinión pública.
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De acuerdo con los documentos oficiales, el contrato tendrá una duración de cuatro meses y contempla la defensa del Estado colombiano en asuntos relacionados con sanciones financieras internacionales, así como la elaboración de conceptos jurídicos, estrategias legales y representación ante instancias extranjeras, en caso de ser requerido. La Presidencia argumenta que se trata de un servicio especializado en derecho internacional público y financiero.
Desde el Gobierno se sostiene que la contratación responde a la necesidad de proteger los intereses del Estado y la figura presidencial frente a eventuales afectaciones diplomáticas y económicas. No obstante, el monto del contrato y su finalidad han despertado controversia política, en medio de un contexto de alta polarización y de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para la defensa internacional del jefe de Estado.
