La Procuraduría General de la Nación solicitó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a los máximos responsables de la fuerza pública responder por las medidas adoptadas frente al hostigamiento que ha sufrido SuperGiros en la Costa Caribe. La empresa, cuyos servicios son esenciales en varias comunidades, ha sido blanco de intimidaciones y ataques atribuidos al Clan del Golfo.
En un comunicado, el procurador delegado para los derechos humanos, Javier Augusto Sarmiento, expresó preocupación por las acciones violentas que afectan tanto a los empleados como a las comunidades que utilizan estos servicios. Entre los hechos reportados, se destaca el homicidio de una trabajadora en Bosconia, Cesar, ocurrido el 4 de noviembre pasado.
El abogado de SuperGiros, Jhonny Batalla Herrera, informó que al menos 20 trabajadoras independientes, muchas de ellas mujeres cabeza de familia, han sido víctimas de amenazas. Estas mujeres realizan operaciones clave como giros, recargas y pagos de subsidios.
Dolorosos testimonios de mujeres que lo único que buscan es trabajar y sostener a los suyos ! Ojalá la delincuencia entienda que golpea al pueblo ! Y que las autoridades actúen!! Trabajadores de @SuperGIROS_ @PoliciaBquilla pic.twitter.com/89f8D9e6tx
— Henry Forero J. (@HENRYFOREROJ) November 28, 2024
Constitución y Ley respaldan el llamado
La Procuraduría recordó que la Constitución y la Ley 1801 de 2016 exigen a las autoridades garantizar la seguridad ciudadana, la integridad personal y el ejercicio de actividades económicas legales. Señaló que la intimidación del Clan del Golfo no solo viola estos derechos, sino que también compromete el bienestar económico y social de las comunidades afectadas.
Exigencias a las autoridades
El ministro Velásquez debe detallar las estrategias diseñadas por el Ministerio de Defensa para enfrentar este tipo de amenazas y proteger a los trabajadores de SuperGiros. También se le pide explicar cómo se coordinarán acciones conjuntas con otros organismos para restablecer la seguridad en la región.
El director de la Policía Nacional, William René Salamanca, deberá informar las medidas implementadas para identificar y judicializar a los responsables de las intimidaciones, así como las acciones dirigidas a salvaguardar los derechos de los empleados y la operación de la empresa.
El almirante Francisco Hernando Cubides, comandante de las Fuerzas Militares, también fue llamado a presentar un informe sobre las estrategias aplicadas desde su unidad para contrarrestar los actos delictivos y garantizar la seguridad de los afectados.
Con esta solicitud, la Procuraduría busca respuestas concretas y acciones inmediatas que permitan frenar la violencia y restablecer la tranquilidad tanto para los trabajadores como para las comunidades beneficiadas por los servicios de SuperGiros.
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