Fin del cese al fuego con disidencias; Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos manifestaron su rechazo a la decisión del Gobierno de no reactivar el cese al fuego bilateral con las FARC al considerar que profundiza la crisis humanitaria en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y representa un retroceso en la construcción de paz.
El pronunciamiento, emitido este jueves por plataformas sociales y veedurías ciudadanas, advirtió que la suspensión de este mecanismo compromete la seguridad de comunidades campesinas e indígenas, que vuelven a enfrentarse al fuego cruzado, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas y asesinatos.
Las organizaciones señalaron que durante los meses en los que rigió el cese al fuego se registraron mejoras en la movilidad, reducción de hostilidades y avances en el diálogo entre comunidades, Estado y actores armados.
Aunque persistieron tensiones y hechos violentos, consideraron que el mecanismo contribuyó a reducir la exposición de la población civil.
Advirtieron que la decisión de suspender el cese se adoptó sin consulta previa a los territorios ni análisis sobre las consecuencias humanitarias.
Además, concluyeron que esta medida ocurre en un contexto en el que aumenta la confrontación armada, incluso dentro del actual proceso de paz, lo que pone en riesgo la confianza de las comunidades y de los actores comprometidos con la salida negociada al conflicto.
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Los firmantes reiteraron su respaldo a la paz total, pero insistieron en que solo será posible si existen garantías tangibles y una voluntad política efectiva que proteja la vida e integridad de las comunidades.
En ese sentido, exigieron medidas integrales que prioricen el diálogo, la participación activa de las comunidades y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Solicitaron al Gobierno y a las estructuras armadas que retomen los esfuerzos hacia el diálogo y adopten acciones urgentes para proteger a la población civil.
Además, hicieron un llamado a la Misión de Verificación de la ONU y a organismos internacionales a mantener una supervisión constante y exigir el cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.
El comunicado concluyó con una consigna: “La vida, la dignidad y la paz de los pueblos no son negociables. Seguiremos exigiendo, desde los territorios, justicia, verdad y garantías de no repetición”.
Colprensa
