El Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, destacó la necesidad de que Colombia y Panamá refuercen su colaboración para hacer frente a los retos compartidos en los movimientos mixtos y proteger los derechos humanos de las personas que toman la ruta del Darién.
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Madi, alertó que la selva del Darién sigue siendo una de las rutas más peligrosas, por el lado colombiano debido a la ausencia de instituciones estatales y la fuerte presencia del grupo criminal Autodefensas Gaitanistas, quienes han obligado a las personas migrantes y refugiadas a someterse a extorsión, una “tarifa global” de entre 300 y 400 dólares estadounidenses, por transporte, guías y orientación.
Mientras que por el lado panameño, las personas que cruzan la selva se exponen además de una geografía hostil, a delitos y violencia generalizada.
“Se necesita una mayor colaboración en su selva compartida del Darién para combatir los delitos y la violencia, incluidos la trata, el contrabando y la violencia sexual y de género, para hacer frente a la impunidad de estos delitos, para mejorar la rendición de cuentas, para prevenir la muerte y desaparición de migrantes y para proteger el medio ambiente”, manifestó Madi tras concluir sus visitas a ambos países.
“Colombia necesita reforzar la presencia del Estado, mientras que las autoridades estatales de Panamá deberían colaborar con los gobiernos provinciales, municipales y locales y con los líderes comunitarios para mejorar la rendición de cuentas y evitar que se repitan los delitos en la selva”, añadió el Relator Especial de la ONU.
En ese sentido, y atendiendo el continuo movimiento mixto de sur a norte y del aumento del movimiento inverso de norte a sur, el experto dijo que Colombia y Panamá deberían asumir la responsabilidad conjunta de garantizar la protección de las personas migrantes y refugiadas.
El vocero de la ONU también destacó la necesidad de que ambos países refuercen sus sistemas de asilo y protección pues en distintas ocasiones, personas en movimiento han manifestado que no se han atendido sus necesidades de protección.
“Tanto Colombia como Panamá deben reforzar urgentemente sus sistemas de asilo y de protección de los derechos humanos para garantizar el acceso efectivo al asilo de quienes lo necesitan y cumplir con sus obligaciones en virtud de las leyes internacionales de derechos humanos y de refugiados”, concluyó Madi.
