¿Cuándo puede un indígena acudir a su justicia propia tras cometer un delito? Detalles del nuevo proyecto de Ley**
El reciente proyecto de Ley del Gobierno busca aclarar los conflictos de competencias entre la justicia ordinaria y la jurisdicción indígena, estableciendo criterios para clasificar los casos. Un ejemplo relevante es una sentencia de 2020 de la Corte Constitucional que abordó un caso de violencia intrafamiliar. En este caso, un indígena de Nariño fue denunciado por su pareja ante la Fiscalía, que asumió la investigación, pero el gobernador del resguardo indígena argumentó que el proceso correspondía a la justicia indígena. A pesar de esto, se determinó que la justicia ordinaria era competente, ya que los casos de violencia intrafamiliar exceden los intereses internos de la justicia indígena.
Ante el desgaste jurídico que generan estos conflictos, el nuevo proyecto de Ley de cooperación interjurisdiccional busca establecer parámetros claros. Los principios que rigen el fuero indígena se definen en los artículos 49 a 53 de la ley y consideran varios elementos clave:
1. Elemento personal**: La pertenencia étnica de las personas involucradas en el proceso.
2. Elemento cultural**: Se refiere a los valores y principios que conectan a las personas con su comunidad indígena.
3. Elemento territorial**: La jurisdicción indígena se aplica si el delito se comete dentro del territorio de la comunidad, y está tipificado como nocivo en su cultura.
4. Elemento objetivo**: La naturaleza de la víctima o del bien jurídico afectado, considerando su relación con la comunidad indígena.
5. Elemento institucional**: La existencia de instancias y procedimientos en la jurisdicción indígena que garanticen el debido proceso.
En casos donde un indígena comete un delito fuera de su territorio, la justicia ordinaria evaluará si actuó bajo un «error invencible de prohibición» debido a su contexto cultural. Si se determina que sí, el imputado podría ser absuelto; de lo contrario, se remitiría el caso a las autoridades indígenas o se mantendría en la justicia ordinaria.
Este marco legal busca asegurar que la aplicación del fuero indígena no derive en impunidad ni desprotección de las víctimas, estableciendo una vía clara para resolver conflictos de competencias entre ambas justicias.
