La Corte Suprema de Justicia ha recibido un arsenal de nuevas evidencias que comprometen seriamente al representante y senador electo David Racero. Según un testimonio voluntario allegado al despacho del magistrado César Augusto Reyes, el congresista habría utilizado a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para fines ajenos a la función pública. La acusación principal sostiene que John Leonardo García, empleado pagado con fondos del Estado, ejercía funciones de administrador en un supermercado Fruver propiedad de Racero y actuaba como conductor personal de su familia.
Las pruebas entregadas incluyen 17 comunicaciones de WhatsApp y notas de voz que desmentirían las declaraciones bajo juramento hechas por Racero ante el Consejo de Estado. En estos chats, se evidencia cómo el servidor público pedía instrucciones para el manejo del negocio comercial y coordinaba la logística de transporte para el congresista y sus allegados, utilizando incluso vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estas labores, lejos de ser ocasionales, se habrían realizado de manera permanente mientras el salario del implicado era cubierto por el erario.
La investigación también apunta a una presunta red de pagos de gastos personales ejecutados por sus asesores. Se señala que miembros de la UTL habrían cancelado cuotas de tarjetas de crédito, transferido dinero a familiares del político (incluyendo a su padre) y pagado cuentas domésticas como el mercado del hogar de Racero. Estos suministros eran entregados directamente en la vivienda del legislador, configurando lo que la justicia evalúa provisionalmente como el delito de concusión.
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Actualmente, la situación jurídica de Racero se complica en dos frentes. Mientras la Sala Especial de Instrucción de la Corte evalúa el mérito para una acusación formal, en el Consejo de Estado cursa una apelación que busca la pérdida de su investidura. Los demandantes han solicitado un cotejo de voces para ratificar la autenticidad de los audios y han denunciado penalmente a John Leonardo García por falso testimonio, señalando que mintió para encubrir las presuntas irregularidades del senador electo.
