En un giro inesperado, las comisiones económicas del Congreso de Colombia han decidido no debatir el presupuesto nacional para 2025, presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro, lo que llevaría a la aprobación del mismo por decreto.
Este inusual proceder no solo marca un precedente en el manejo de los recursos públicos, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia y la participación legislativa en la gestión fiscal del país.
La Situación Actual del Presupuesto
El presupuesto propuesto para 2025 asciende a la asombrosa cifra de 523 billones de pesos, una cantidad que representa la inversión del Estado en áreas clave como salud, educación e infraestructura.
Sin embargo, las comisiones económicas del Congreso, encargadas de evaluar y discutir estos planes, manifestaron su desacuerdo con la propuesta y optaron por no realizar el debate correspondiente.
Esta decisión es significativa, ya que, según la Constitución colombiana, el presidente tiene la facultad de emitir el presupuesto por decreto en caso de que el Congreso no lo apruebe.
Repercusiones de la Decisión
La falta de discusión en el Congreso ha suscitado preocupaciones entre los legisladores, quienes temen que la aprobación del presupuesto por decreto pueda dar un mal mensaje sobre la gobernanza y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.
«La omisión de este proceso legislativo limita las oportunidades de ajuste y mejora que podrían beneficiar a diferentes sectores de la sociedad», afirmó un congresista que prefirió permanecer en el anonimato.
Además, varios miembros del Congreso han expresado su intención de impugnar el decreto una vez que sea emitido.
La posibilidad de una demanda destaca la tensión existente entre el Ejecutivo y el Legislativo, así como la relevancia de mantener un control democrático sobre las decisiones fiscales.
Un Camino Inusual
La decisión del Congreso de no debatir el presupuesto 2025 y dejar su aprobación en manos del presidente Gustavo Petro marca un capítulo controversial en la historia reciente del manejo fiscal en Colombia.
Este proceder no solo desafía las normas legislativas, sino que también resalta la importancia de la participación de los legisladores en la gestión de los recursos del Estado.
A medida que el país avanza hacia la aprobación del presupuesto por decreto, es crucial que se mantenga un diálogo abierto sobre la responsabilidad fiscal y la necesidad de un control legislativo efectivo.
NACIÓN COLOMBIA – Economía
