En un contundente pronunciamiento oficial, las mujeres que integran la coalición del Pacto Histórico han solicitado el retiro inmediato de su cargo al gerente de RTVC, Hollman Morris. Esta posición surge en el marco del debate público sobre las violencias basadas en género en espacios de poder y medios de comunicación. El colectivo argumenta que, ante la vigencia de asimetrías de poder y las denuncias existentes, es necesario que los presuntos victimarios se aparten de sus funciones para garantizar la transparencia y la no repetición mientras avanzan los procesos judiciales.
El documento emitido diferencia claramente entre las denuncias de acoso laboral dentro de la entidad pública, reguladas por la Ley 1010 de 2006, y los señalamientos por acoso sexual contra Morris, los cuales corresponden a contextos laborales previos. Sobre estos últimos, las firmantes celebraron la decisión de la Fiscalía General de la Nación de reasignar el caso con un enfoque de género, calificándolo como un paso fundamental hacia la justicia en casos de violencias históricamente ejercidas contra las mujeres en el ámbito profesional.
Para las mujeres del proyecto político, diferenciar las violencias no es un tecnicismo, sino una responsabilidad ética. Basándose en la Ley 2365 de 2024, recordaron que el acoso sexual laboral implica conductas no consentidas que vulneran la autonomía de las mujeres, mientras que el acoso laboral comprende prácticas de maltrato e inequidad. Bajo esta premisa, instaron a que, en coherencia con los principios de su colectividad, el gerente abandone la dirección de RTVC para proteger la integridad de la institucionalidad y de las denunciantes.
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Finalmente, el comunicado expresa una solidaridad profunda con las periodistas y trabajadoras que han alzado la voz, subrayando que estos hechos no son aislados, sino que responden a estructuras patriarcales arraigadas. El llamado del Pacto Histórico se suma a la presión social que busca establecer protocolos de cero tolerancia frente a la violencia en el mundo del trabajo, tanto público como privado, exigiendo que las garantías del debido proceso se apliquen sin dilatar la protección efectiva de las víctimas.
