La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con una multa superior a los $3.000 millones a Movistar por llevar adelante el programa «Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado», que creaba una pequeña deuda con la compañía e impedía a los usuarios ejercer su derecho a cambiarse a otro operador.
La SIC explicó que Movistar “implementó un programa de ‘fidelización’ cuya finalidad era crear una supuesta deuda por una obligación de $1.500 pesos a los usuarios de sus servicios prepago. De esta manera, se configuraba de manera ficticia la causal de mora, lo que daba lugar a un rechazo del proceso de portabilidad numérica”.
Entre el 4 de enero de 2021 y el 17 de febrero de 2023, la compañía de telefonía celular creó programas de fidelización para sus clientes en modalidad prepago, a quienes, por acumular mensualmente recargas entre $18.000 a $20.000 del paquete «Todo En Uno», se les activaba el llamado Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado.
“El operador creó un hipotético beneficio a los usuarios prepago, consistente en un bono de 10 minutos TD y 100 MB para WhatsApp, por valor de $1.500 pesos, el cual era ‘condonado’ al final de mes si el cliente permanecía en el servicio prepago”, detalló la Superintendencia.
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En ese sentido, señaló que la activación de ese supuesto beneficio tenía como objetivo mantener atados a sus usuarios, al advertir que existía un saldo en mora, lo que les impedía cambiarse de compañía, como lo determinó la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones.
“Así, el usuario, cuando acudía a otro operador para realizar su proceso de portabilidad, se enteraba de que su solicitud había sido rechazada por tener una deuda pendiente con Movistar, la cual correspondía a ese valor de $1.500, sin que en la mayoría de los casos reconociera de dónde provenía tal obligación”, puntualizó la SIC.
Para la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones de la Superintendencia, la “estrategia” de la compañía, aplicada durante dos años, fue una “represalia comercial que distorsionó las reglas del mercado” y perjudicó directamente al usuario en su derecho a elegir y cambiar libremente de operador.
“Con esta decisión, la Superintendencia reafirma su compromiso con la protección de los usuarios en los servicios de comunicaciones y continuará su labor de inspección, vigilancia y control del sector, buscando que los operadores corrijan sus prácticas ilegales, teniendo siempre como premisa el respeto del derecho a la libre elección de los consumidores”, resaltó la SIC.
(Colprensa)
