El Ministerio del Trabajo ha iniciado una actuación administrativa formal contra las multinacionales Quala S.A. y Grupo Nutresa S.A., tras recibir graves denuncias sobre la presunta vulneración de derechos laborales de personas en condición de extrema vulnerabilidad. La investigación busca determinar si estas compañías utilizan a ciudadanos como «letreros andantes» y vendedores informales bajo esquemas que esconden relaciones laborales encubiertas, privándolos de garantías mínimas, seguridad social y un salario digno.
La denuncia fue interpuesta por Óscar David Benavides Angulo, candidato a la Cámara por la curul Afro, quien alertó sobre un modelo de negocio que, según sus palabras, lucra a marcas millonarias a costa del trabajo de colombianos sin capacidad de defensa. «Estamos hablando de personas usadas para vender sin contrato ni protección. Eso es explotación laboral y no puede seguir normalizándose», sentenció Benavides, quien ha convertido este caso en una bandera de su agenda por los derechos de las poblaciones vulnerables.
En el requerimiento oficial, la autoridad laboral otorgó a las empresas un plazo de cinco días hábiles para presentar pruebas y pronunciarse sobre los señalamientos. De hallarse responsables, Quala y Nutresa podrían enfrentar sanciones económicas superiores a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la obligación de formalizar a los trabajadores afectados. Este caso es seguido de cerca por organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven en este proceso un precedente para frenar la tercerización extrema y la evasión de responsabilidades patronales.
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Para expertos en derecho laboral, el proceso determinará si existe una subordinación técnica y económica que obligue a reconocer un contrato de trabajo realidad. «Esto no es solo Quala, es un sistema que ha permitido que grandes marcas se lucren mientras miles trabajan sin derechos», agregó Benavides. Mientras el proceso avanza, la opinión pública pone el foco en la responsabilidad social empresarial de estas gigantes de la industria alimenticia, cuyas prácticas de distribución informal han sido cuestionadas históricamente en los territorios más pobres del país. Nación Colombia hará seguimiento estricto al fallo de la autoridad laboral.
