El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, sostuvo una reunión oficial con el actual gobernador del Vichada, Fulberto Guevara, y con el exgobernador Sergio Andrés Espinosa Flórez, quien fue inhabilitado por 12 años por la Procuraduría General de la Nación por irregularidades en contratos públicos. La cita, documentada en una serie de fotografías obtenidas por Nación Colombia, ha encendido las alarmas por lo que podrían ser nuevos actos de corrupción en torno a un millonario proyecto energético en Puerto Carreño que superaría los 126 mil millones de pesos.

Lo que en otro contexto sería una reunión institucional más, se convierte en un hecho altamente cuestionable debido a los antecedentes de Espinosa Flórez, quien fue sancionado por su presunta responsabilidad en las fallas del Centro de Formación en Energías Renovables de la Amazonía y Orinoquía, un proyecto de más de 23 mil millones de pesos que nunca cumplió sus objetivos un elefante blanco que le adeuda a la ciudadanía varias respuestas. Hoy, pese a su inhabilidad legal, reaparece en la escena pública el polémico exgobernador como presunto articulador de una reunión en la que se habrían discutido el futuro de millonarios recursos fruto del trabajo de los colombianos para saber en qué se van a gastar cuándo y dónde, en el festín entrarían contratistas y ejecutores.
Las imágenes obtenidas por este medio lo muestran sentado junto al ministro Palma, tomando notas, saludando a altos funcionarios y explicando detalles del proyecto frente a un mapa técnico del Plan 6GW del Ministerio. Su presencia no fue marginal, Espinosa actuó como un actor clave en la reunión.

¿Un operador político desde las sombras?
Según una fuente que solicitó reserva por seguridad, Espinosa sería el encargado de “hacer fluir” los recursos públicos como intermediario entre el gobierno nacional y el departamento, pese a su sanción vigente. “Él sería el filtro entre contratistas, el gobernador y el Ministerio”, denunció la fuente quien también señaló que se busca concretar una iniciativa de inversión energética un parque solar en Puerto Carreño que podría alcanzar los 126 mil millones de pesos.
El temor de líderes regionales y ciudadanos es que estos recursos públicos terminen, nuevamente, capturados por redes clientelistas, como presuntamente ocurrió durante la administración de Espinosa. “La gente en Puerto Carreño está preocupada porque esto huele a un nuevo caso de corrupción. ¿Cómo es posible que alguien sancionado vuelva a manejar la plata desde las sombras?”, agregó la fuente.
Preguntas sin respuesta
Nación Colombia contactó al exgobernador Sergio Espinosa Flórez para conocer su versión el mandatario se limitó a decir que “esas inquietudes que ud manifiesta no son ciertas”. Y luego no respondió ninguna de las preguntas. También se dirigieron preguntas formales a la oficina de comunicaciones del Ministerio de Minas y Energía, solicitando explicación sobre la participación del exmandatario inhabilitado en un encuentro oficial. Hasta el momento, no se ha recibido respuesta alguna.
Entre los cuestionamientos enviados se preguntó:
- ¿Quién autorizó la presencia de Espinosa Flórez?
- ¿Cuál es su rol exacto en el proyecto energético?
- ¿Está comprometiéndose el Ministerio con actores sancionados?
Un golpe al discurso anticorrupción
Este caso plantea serias dudas sobre la coherencia entre el discurso del actual gobierno, que prometió erradicar las prácticas corruptas del pasado, y los hechos concretos que hoy se evidencian. ¿Cómo puede un gobierno que se define como “del cambio” permitir la reaparición de políticos inhabilitados como presuntos gestores informales de contratos públicos?
Los hechos registrados en esta reunión deben ser revisados por los organismos de control. No se trata solo de una falta de ética: podría estarse configurando un delito si se comprueba la participación activa de un sancionado en la gestión de recursos públicos.
Por: Unidad Investigativa – Nación Colombia