El Ministerio de Hacienda abrió un nuevo ciclo de endeudamiento para 2026, al autorizar un cupo de COP 152 billones mediante la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B, el principal instrumento de deuda interna del país. La medida quedó formalizada en el Decreto 1478 del 30 de diciembre de 2025 y responde a una realidad fiscal clara: los ingresos no alcanzan para cubrir el gasto público ni las obligaciones financieras del Estado.
El contexto explica la decisión. A noviembre de 2025, la DIAN reportó un recaudo tributario acumulado de COP 277,09 billones, un crecimiento del 11 % frente al mismo periodo de 2024. Sin embargo, la meta anual fijada en COP 305,5 billones dejó un faltante superior a COP 28 billones, una cifra que históricamente nunca se ha logrado recaudar en un solo mes de diciembre. En 2024, por ejemplo, el recaudo de ese mes fue de apenas COP 17,41 billones, lo que evidencia la dificultad de cerrar la brecha.
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Este desajuste tendrá efectos directos sobre 2026. El Gobierno ya enfrenta un descalce de COP 16 billones tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso y una diferencia estimada de COP 11 billones frente a la meta de recaudo de 2025, lo que estrecha aún más el espacio fiscal. En este escenario, el endeudamiento se convierte en la herramienta inmediata para sostener el Presupuesto General de la Nación, en medio de tasas de interés aún elevadas y mayores presiones sobre la deuda pública.
El cupo autorizado se divide en dos tipos de deuda con objetivos distintos. Por un lado, COP 85,25 billones se destinarán a financiar directamente el Presupuesto General de la Nación de 2026, cubriendo gastos estructurales como salud, educación y funcionamiento del Estado. Por otro, COP 67 billones serán para operaciones temporales de tesorería, deuda de corto plazo diseñada para manejar problemas de liquidez durante el año, con vencimientos entre 30 días y un año. En conjunto, la medida refleja un desafío de fondo: la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.
