La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, manifestó su posición frente a la solicitud de liberación de Simón Trinidad, exlíder de las FARC y actualmente detenido en Estados Unidos. Según Cabello, cualquier declaración de Trinidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) puede realizarse desde su sitio de reclusión, sin necesidad de su traslado a Colombia.
La procuradora enfatizó que, como representante de las víctimas según el mandato constitucional, es crucial considerar su opinión sobre un eventual indulto o liberación. “No se puede avanzar sin incluir a quienes han sufrido las consecuencias del conflicto. Ellos deben tener una voz activa en cualquier decisión que implique liberar a Simón Trinidad”, señaló. Además, recordó que, una vez cumplida su condena en EE. UU., Trinidad deberá responder por los delitos cometidos en Colombia.
Un tema de justicia y reconciliación
La discusión en torno a Simón Trinidad, cuyo nombre real es Ricardo Palmera, resurge en medio de los compromisos adquiridos por el Estado en el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016. Aunque algunos sectores consideran que su liberación podría contribuir a la verdad y reconciliación, otros lo ven como un obstáculo para la justicia y el cierre de las heridas del conflicto armado.
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Cabello resaltó la importancia de preservar el equilibrio entre justicia y reconciliación, afirmando que cualquier decisión debe estar enmarcada en la institucionalidad. La funcionaria advirtió que el país debe garantizar que los crímenes cometidos durante el conflicto no queden en la impunidad.
Por otro lado, el caso de Trinidad genera divisiones políticas. Mientras algunos congresistas consideran que su participación en los procesos de verdad ante la JEP es indispensable, otros cuestionan si esto debe implicar su regreso al país. La postura de la Procuraduría apunta a garantizar que los derechos de las víctimas prevalezcan sobre las decisiones políticas.
El rol de la JEP y las víctimas
La JEP es el principal mecanismo para juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, y su misión es asegurar la verdad, reparación y no repetición. En este contexto, Margarita Cabello subrayó que, aunque Simón Trinidad pueda ser escuchado, no se debe comprometer la responsabilidad penal que tiene pendiente en Colombia.
El debate sobre su posible liberación también toca un punto sensible para las víctimas, quienes exigen justicia antes que beneficios políticos. Según Cabello, cualquier decisión que tome el gobierno debe respetar el marco legal y mantener el compromiso con quienes han sufrido directamente las consecuencias del conflicto.
El caso de Simón Trinidad plantea una disyuntiva entre los compromisos de paz y la búsqueda de justicia para las víctimas del conflicto armado. La posición de Margarita Cabello refuerza la necesidad de priorizar los derechos de estas últimas y de mantener la institucionalidad en decisiones que marcan el futuro de la reconciliación en Colombia.
