La recta final hacia los comicios del 8 de marzo de 2026 ha transformado al Pacto Histórico en un complejo campo de batalla judicial. Más allá de la competencia en las urnas, la coalición de gobierno enfrenta hoy un cerco jurídico que pone en riesgo la permanencia de figuras clave en el Congreso. Los abogados Samuel Ortiz y Ximena Echavarría radicaron formalmente una demanda contra las representantes María del Mar Pizarro y María Fernanda Carrascal, alegando que ambas habrían incurrido en doble militancia al no renunciar a tiempo a la Colombia Humana para integrarse a la lista única del partido Pacto Histórico.
El argumento central de los demandantes sostiene que, tras la recomposición de la lista para cumplir con las acciones afirmativas de género ordenadas por el CNE, las congresistas quedaron inscritas bajo el logo del Pacto Histórico sin haber roto vínculos formales con su partido de origen hace un año, como exige la ley. Esta misma sombra jurídica se extiende sobre el representante por el Valle, Alfredo Mondragón. La defensa de la coalición asegura que la fusión de personería jurídica entre ambos movimientos fue autorizada en octubre de 2025; no obstante, el Consejo Nacional Electoral deberá decidir si dicha fusión está en firme antes de que se impriman los tarjetones.
Por otro lado, la tensión escaló tras la revocatoria de la candidatura de Iván Cepeda a la consulta interpartidista. En respuesta, Cepeda denunció ante la Fiscalía a los magistrados Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez, acusándolos de no declararse impedidos a pesar de una presunta enemistad manifiesta. Simultáneamente, el líder político anunció acciones penales contra el expresidente Andrés Pastrana, vinculándolo mediáticamente con el caso de Jeffrey Epstein, en lo que expertos consideran una estrategia de contraataque judicial en medio de la polarización electoral.
Le puede interesar: https://nacioncolombia.com/gustavo-petro-denuncia-planes-para-asesinarlo-y-amenazas-contra-su-familia/
Finalmente, el partido Cambio Radical ha sumado un nuevo frente de conflicto al interponer una acción de tutela contra la Registraduría y el Pacto Histórico. La colectividad solicita la suspensión inmediata de la impresión de tarjetas electorales en Bogotá, Cundinamarca, Valle y el Cauca, argumentando que se han desconocido los términos preclusivos del calendario electoral tras las recientes revocatorias de listas.
Colprensa
