Las investigaciones en torno a los recientes casos de «paseo millonario» en Bogotá han dado un giro revelador que conecta dos de los crímenes más mediáticos de los últimos meses. El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó que los taxis utilizados en el secuestro de Diana Ospina, liberada tras 43 horas de cautiverio, y en el trágico asesinato del profesor de la Universidad Externado, Neill Felipe Cubides, pertenecen al mismo propietario. Bajo la premisa de «dos taxis, el mismo dueño», el mandatario distrital subrayó la importancia de este hallazgo para desmantelar las estructuras criminales que operan bajo la fachada de servicios de transporte público en la capital.
De acuerdo con las declaraciones del abogado de la familia Cubides, Juan David Bazzani, los vehículos forman parte de una flota de 30 taxis propiedad de un joven cuya identidad está bajo reserva. La investigación sugiere que la administración de estos automotores recae en el hermano del propietario y que, presuntamente, dos de ellos fueron rentados a las bandas delictivas responsables de ambos crímenes. Actualmente, la Fiscalía General de la Nación busca determinar si los dueños de la flota tenían conocimiento previo de las actividades ilícitas o si existió una negligencia sistemática en la perfilación de los conductores a quienes entregaron los vehículos.
En el marco de este avance, las autoridades presentaron a los capturados por el caso de Diana Ospina: los hermanos Diego Armando y Juan Pablo Cardozo. Alias ‘Pachanga’ (Diego) es señalado como el cabecilla de la organización, mientras que alias ‘Pablito’ (Juan) cumplía el rol de conductor y perfilador de víctimas a la salida de establecimientos comerciales. La captura de estos sujetos es un paso crucial, considerando que el «paseo millonario» es una modalidad que ha mutado en Bogotá, involucrando ahora retenciones prolongadas y niveles de violencia extrema que han cobrado vidas, como la del profesor Cubides el pasado mes de enero.
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Este vínculo pone de manifiesto la necesidad de un control más estricto sobre los propietarios y administradores de flotas de taxis en la ciudad. Mientras los hermanos Cardozo ya se encuentran a disposición de la justicia y enfrentan penas severas de cárcel, el foco de la opinión pública se centra en la responsabilidad civil y penal de quienes facilitan las herramientas de movilidad para el crimen.
