La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de incluir este viernes al presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro, y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la «Lista Clinton» generó una serie de interrogantes sobre la naturaleza y el alcance de esta poderosa herramienta de sanción estadounidense.
Aunque se conoce popularmente como «Lista Clinton», el nombre técnico de este listado es la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés). Esta herramienta no es administrada por el Departamento de Estado, sino por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una agencia que forma parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
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Según informa el propio Departamento del Tesoro, esta lista sirve para identificar a miles de personas, grupos y entidades que, según el gobierno de EE. UU., están involucrados en actividades que amenazan su seguridad nacional o su política exterior. Esto incluye actores vinculados al terrorismo, el narcotráfico, la proliferación de armas de destrucción masiva o abusos a los derechos humanos.
Su apodo, «Lista Clinton», proviene de la Orden Ejecutiva 12978, firmada por el presidente Bill Clinton en octubre de 1995. Esta orden se creó específicamente para enfrentar la amenaza de los carteles de la droga colombianos, buscando bloquear sus bienes y aislarlos financieramente.
LAS DURAS SANCIONES FINANCIERAS
Ser incluido en la lista OFAC no es un simple señalamiento diplomático, sino que acarrea sanciones económicas y financieras de aplicación inmediata. La consecuencia más grave, según detalla la OFAC, es el bloqueo o “congelamiento” de todos los bienes e intereses de la persona designada que se encuentren dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.
Esto significa que cualquier cuenta bancaria, propiedad o activo que el sancionado posea en EE. UU. queda inaccesible.
Además, la medida prohíbe de manera general a todos los ciudadanos, residentes permanentes y empresas estadounidenses realizar cualquier tipo de transacción o negocio con los individuos que figuran en la lista.
En la práctica, esto supone un aislamiento casi total del sistema financiero estadounidense y, por extensión, complica enormemente cualquier operación en el sistema bancario internacional, ya que las entidades financieras de otros países evitan el riesgo de ser sancionadas por asociarse con un designado.
Estas medidas llegan en la misma semana en la que se produjo un encendido cruce de declaraciones entre Trump y Petro. De hecho, el inquilino de la Casa Blanca amenazó recientemente con tomar “medidas muy severas” contra Colombia y Petro, al que tachó de “matón y mal tipo que produce mucha droga”.
LA REACCIÓN DE PETRO
La sanción contra el presidente Petro y su círculo cercano se fundamentó, según el anuncio estadounidense, en una supuesta vinculación con el narcotráfico. La medida venía siendo promovida públicamente por políticos de ese país, como el senador Bernie Moreno, quien la sugirió como una alternativa a la imposición de aranceles a productos colombianos.
El presidente Petro reaccionó minutos después a través de su cuenta en la red social X, donde calificó la inclusión como el cumplimiento de una advertencia previa. “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”, escribió.
El mandatario también anunció quién asumirá su defensa legal. “Mi abogado en mi defensa será Dany Kovalik de los EE. UU.”, señaló. Petro calificó la situación de paradójica y defendió su gestión: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas”, concluyó.
Colprensa
