La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal contra la sociedad administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá, ante presuntas irregularidades en la comercialización de sus tiquetes de entrada. Según la autoridad de competencia, la empresa estaría incurriendo en una posible «venta atada», al no permitir que los visitantes adquieran únicamente el ingreso al templo subterráneo de forma individual. Por el contrario, los turistas se verían obligados a comprar paquetes denominados «pasaportes» que incluyen servicios adicionales que, en muchos casos, no son deseados por el consumidor.
La entidad señaló que esta práctica limita la libertad de elección, ya que para acceder a la Primera Maravilla de Colombia es obligatorio pagar por visitas guiadas, acceso a internet, ingreso a la Casa Museo Quevedo Zornoza, entrada al Museo Arqueológico y transporte en el tren de salida. Para la SIC, esto constituye un presunto abuso de posición de dominio, donde se fuerza al usuario a sufragar costos de servicios que no resultan indispensables para la experiencia principal de visitar la Catedral de Sal.
Uno de los hallazgos más contundentes que sustenta la investigación es que solo el 50% de los turistas utiliza efectivamente los beneficios adicionales incluidos en los paquetes. Esto refuerza la hipótesis de que la inclusión obligatoria de estos servicios genera un incremento injustificado en el costo final para el usuario. La investigación busca determinar si la administradora está aprovechando su exclusividad sobre este atractivo turístico para maximizar ingresos mediante estrategias que atentan contra la leal competencia y los derechos de los ciudadanos.
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De confirmarse estas prácticas, la administradora de la Catedral de Sal de Zipaquirá podría enfrentar multas millonarias y la obligación de reestructurar su modelo de ventas. Este proceso ocurre en un momento clave para el turismo en Cundinamarca, donde la transparencia en los precios es vital para mantener la competitividad de la Sabana Centro. Por ahora, se espera que la empresa presente sus descargos ante la SIC, mientras la entidad continúa recolectando pruebas sobre el impacto económico que esta modalidad de «pasaportes» ha tenido en el bolsillo de los visitantes nacionales y extranjeros.
