La Red de Veedurías Ciudadanas emitió un pronunciamiento oficial solicitando a las autoridades judiciales y a la opinión pública el respeto irrestricto al debido proceso y a la presunción de inocencia de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol. El llamado surge en el contexto de las investigaciones que adelantan organismos como la Procuraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, de la cual Roa fue gerente.
La organización civil enfatizó que estas garantías constitucionales deben aplicarse sin distinción política, comparando la situación actual con las exigencias de imparcialidad realizadas en procesos previos que involucraron a figuras como el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la Red, es imperativo que la justicia colombiana opere bajo principios de legalidad y objetividad, evitando que las presiones mediáticas o intereses externos interfieran en el desarrollo de las etapas probatorias y procesales de las investigaciones en curso.
Asimismo, la Veeduría advirtió sobre el riesgo de instrumentalizar la justicia con fines políticos, señalando que este fenómeno debilita la confianza ciudadana en las instituciones. El comunicado resalta una preocupación especial por el daño reputacional que podría sufrir Ecopetrol, considerada la empresa más importante de los colombianos. La estabilidad de «la iguana» es clave para el patrimonio público, por lo que cualquier juicio anticipado podría comprometer la percepción del mercado y la solidez de la petrolera estatal.
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Finalmente, se hizo un exhorto a los actores públicos y medios de comunicación para mantener la prudencia y el rigor informativo. Este llamado coincide con la postura de la Junta Directiva de Ecopetrol, la cual ha manifestado su respaldo a la institucionalidad mientras se resuelven los interrogantes jurídicos. La Red de Veedurías concluyó que el respeto a los derechos fundamentales es la única vía para preservar el Estado de Derecho y proteger los activos estratégicos de la nación frente a posibles afectaciones económicas y legales.
