Ante un juez de control de garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación presentó este miércoles a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por presuntas irregularidades en la compra de un lujoso apartamento en el barrio Chicó. Según la fiscal anticorrupción, Roa habría utilizado su cargo de manera indebida para favorecer con contratos a Juan Guillermo Mancera, el vendedor del inmueble. Este proceso se suma a la compleja situación judicial del directivo, quien también enfrenta cargos por la supuesta violación de topes electorales en la campaña de Gustavo Petro en 2022.
La investigación detalla que Roa, aprovechando su posición en la junta directiva de la filial Hocol, habría presionado a su presidente, Luis Enrique Rojas, para beneficiar a la empresa Gaxi ESP, propiedad de Mancera. Específicamente, se le señala de direccionar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena. De acuerdo con el ente acusador, estas gestiones se habrían pactado en encuentros privados, incluyendo una cena el 20 de agosto de 2024, con el fin de retribuir los beneficios obtenidos en la negociación de su vivienda personal.
El punto central de la imputación radica en el beneficio económico obtenido por Roa en la adquisición del apartamento 901. Mientras que el valor comercial del inmueble se estima en 2.727 millones de pesos, el presidente de la estatal petrolera lo adquirió por 1.800 millones de pesos. Esta diferencia de 927 millones de pesos (un 34% menos del valor de mercado) es considerada por la Fiscalía como la contraprestación por los favores contractuales gestionados desde la cúpula de la petrolera más importante del país.
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Por su parte, la defensa de Roa, liderada por el abogado Juan David León, ha manifestado que buscará desestimar las pruebas presentadas, argumentando que la compra de un inmueble no constituye un delito por sí misma. Sin embargo, la Fiscalía enfatiza que el ilícito surge cuando se utiliza el poder estatal para favorecer intereses particulares de quien otorgó dicho beneficio económico. Mientras el juez evalúa la legalidad de la imputación, el país permanece atento a la segunda audiencia programada para este jueves por el caso de los topes de campaña presidencial.
