La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial expresó su preocupación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por una segunda reducción de 695 mil millones de pesos en el presupuesto aprobado para 2026, una cifra que se sumó a un primer recorte de 4,4 billones de pesos frente a la solicitud inicial por 16 billones.
Esta situación se presentó luego de que el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, hiciera un llamado urgente el pasado 10 de octubre ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes para cerrar la brecha presupuestal, que en ese momento se calculaba en 4,3 billones de pesos.
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En esa audiencia, el magistrado Vallejo pidió enfáticamente al Gobierno y al Congreso no permitir más recortes y, de ser posible, incrementar el rubro asignado, asegurando que la Rama Judicial administra los recursos con transparencia.
El impacto de esta reducción presupuestal total afecta directamente el pago de sentencias y la creación de cargos necesarios para implementar la Ley 2452 de 2025, que expidió el nuevo Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, así como la Jurisdicción Agraria y Rural.
La Comisión Interinstitucional detalló que el recorte pone en riesgo servicios básicos de funcionamiento como aseo, vigilancia, arriendo, seguros, mantenimientos y servicios públicos, además de la compra de mobiliario, maquinaria y otros equipos.
La reunión con Hacienda
Ante este panorama, la Comisión Interinstitucional, conformada por los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscal General de la Nación y el representante de los funcionarios y empleados, sostuvo una reunión con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Entre los asistentes del Gobierno estuvieron el viceministro general de Hacienda, Carlos Emilio Betancurt Galeano; la directora general del Presupuesto Público Nacional, Martha Hernández Arango; y el asesor del despacho del ministro, Diego Carrero.
En el encuentro, se expusieron las implicaciones del recorte para toda la Rama Judicial, lo que incluye a la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El presidente de la Comisión Interinstitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, afirmó que “este recorte es muy delicado porque compromete la posibilidad de crear los juzgados laborales municipales, de fortalecer y robustecer a la Rama Judicial”.
Añadió que, pese a la dificultad, se inició “un diálogo firme, respetuoso y cordial que esperamos pueda rendir frutos para generar mesas técnicas de trabajo” que posibiliten incrementar el presupuesto para 2026.
La solicitud original de 16 billones de pesos, defendida por Vallejo Jaramillo desde el 19 de agosto y reiterada el 10 de octubre, buscaba financiar la creación de cargos permanentes y temporales para favorecer la descongestión de los despachos. También incluía fondos para reconocer la bonificación judicial como factor salarial, atender el pasivo litigioso, continuar la transformación digital y asegurar la transferencia para un fondo de vivienda de los funcionarios.
El magistrado insistió en que la Rama Judicial está unida en esta causa común por la defensa de la justicia y el servicio al ciudadano. “Colombia nos necesita, Colombia necesita sus jueces. Ellos, a su vez, necesitan de nosotros. El compromiso es cómo fortalecemos la Rama Judicial en la permanente construcción del Estado Social de Derecho”, puntualizó.
Los acuerdos alcanzados
Pese a la preocupación, la Comisión destacó el ambiente cordial y propositivo en el que se desarrolló la reunión. Como resultado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se comprometió a entregar una respuesta en los próximos días sobre la situación del decreto para incrementar la bonificación judicial en un 5,85%, como se acordó en la mesa de negociación del sector justicia celebrada en junio de 2025.
Adicionalmente, el Ministerio gestionará una reunión entre el ministro de Hacienda y el ministro de Justicia y del Derecho para analizar los criterios de distribución de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (FRISCO).
Finalmente, se acordó instalar una mesa técnica este mismo año con participación del Ministerio de Hacienda, el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal. El propósito de esta mesa será revisar las necesidades presupuestales prioritarias que quedaron desfinanciadas para 2026, definir un cronograma de trabajo y plantear soluciones al déficit presupuestal identificado.
