La Misión de Verificación de las Naciones Unidas emitió una advertencia contundente en su más reciente informe trimestral: la Reforma Rural Integral en Colombia está en peligro de convertirse en un foco de violencia. Aunque el organismo reconoce los avances del Gobierno —que reporta la adjudicación de 291.030 hectáreas y la formalización de más de 3,6 millones—, señala que sin la entrada en operación de la Jurisdicción Agraria, la entrega de tierras carece de un árbitro que garantice la seguridad jurídica.
El informe apunta directamente al Congreso de la República como el principal responsable del estancamiento. A pesar de que la Ley Estatutaria recibió el aval de la Corte Constitucional en septiembre de 2025, la Ley Ordinaria, que define las competencias y procedimientos específicos para que los jueces abran sus despachos, sigue sin ser debatida en plenaria. Esta «parálisis institucional» deja a los campesinos y comunidades étnicas en un limbo legal frente a los conflictos de propiedad.
La inestabilidad en el Ministerio de Justicia, que ha tenido tres titulares durante este mandato, ha dificultado la consolidación de una estrategia política efectiva. Desde la gestión inicial de Néstor Osuna, pasando por el rigor técnico de Ángela María Buitrago, hasta los intentos de aceleración de Eduardo Montealegre, el proyecto ha naufragado en un ambiente de polarización. La advertencia de la ONU es letal: la titulación sin justicia es terreno fértil para nuevos ciclos de violencia.
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El costo de esta demora legislativa ya se mide en vidas humanas. La Misión documentó el asesinato de un líder reclamante de tierras en el Magdalena Medio en septiembre de 2025, crimen ocurrido apenas días después de que se le adjudicara un predio. Mientras el debate se dilata en Bogotá, el Catatumbo y el Cauca siguen bajo la presión de grupos armados. Desde Nación Colombia, hacemos eco del llamado de la ONU: la paz rural requiere jueces, no solo títulos.
Colprensa
