Un juez de Ejecución de Penas de Bogotá concedió la libertad condicional a Miguel Alfredo Maza Márquez, exdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El oficial en retiro cumplía una condena de 30 años de prisión por su responsabilidad en el magnicidio del líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca. La decisión judicial se fundamenta en que el sentenciado cumplió con el tiempo mínimo exigido por la ley y acreditó buena conducta durante su reclusión.
El fallo establece un periodo de prueba de 11 años (específicamente 132 meses y 29 días), durante los cuales Maza Márquez deberá cumplir con obligaciones legales y una caución prendaria de cinco salarios mínimos. El exgeneral permanecía privado de la libertad desde noviembre de 2013, sumando más de 12 años tras las rejas. Actualmente, se encuentra en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), a la espera de la notificación formal que haga efectiva su salida tras ser una pieza clave en uno de los capítulos más oscuros de la historia política de Colombia.
La justicia determinó en 2016 que existió un acuerdo criminal entre las autodefensas del Magdalena Medio y Maza Márquez para facilitar el asesinato. El aporte determinante del exdirector del DAS fue el debilitamiento deliberado del esquema de seguridad del candidato presidencial, nombrando como jefe de escoltas al teniente Jacobo Torregrosa, quien carecía de la idoneidad necesaria. Según la Corte Suprema, esta maniobra dejó a Galán en una situación de total vulnerabilidad frente a las estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo que ejecutaron el plan.
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Además de la alteración de la seguridad, las investigaciones confirmaron que el exservidor público omitió la persecución de grupos armados ilegales financiados por el cartel de Medellín. Se comprobó que Maza Márquez incluso facilitó la instrucción militar de los integrantes de estas organizaciones, de cuyas filas salió el sicario que terminó con la vida de Galán. Esta liberación condicional marca un hito procesal en un caso que, décadas después, sigue generando debate sobre la impunidad y la reparación histórica en el país.
