Con el propósito de agilizar la imposición de sanciones propias y fortalecer el enfoque restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrados y miembros de la alta dirección de la Jurisdicción se reúnen en Palomino, La Guajira, con expertos internacionales en justicia transicional.
Durante la jornada, que se extenderá hasta el 5 de abril, también se estableció un diálogo con autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el que se discutió la victimización sufrida durante el conflicto armado y se solicitó la adopción de medidas cautelares para la protección del territorio.
La reunión busca acelerar la toma de decisiones estratégicas en la JEP, especialmente en la imposición de sanciones propias a excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública que han sido hallados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.
El objetivo es garantizar que estas sanciones cumplan con estándares internacionales y respondan al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Expertos internacionales en justicia restaurativa y transicional participan en el encuentro, compartiendo experiencias sobre la aplicación de estas medidas en contextos de posconflicto.
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La discusión se centra en cómo garantizar la viabilidad y efectividad de las sanciones, evitando que queden solo en el papel, y asegurando que su implementación contribuya a desarticular los factores que perpetúan la violencia.
Como parte de la jornada, magistrados y magistradas de la JEP sostuvieron un encuentro con autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el que se abordó la victimización que estas comunidades han sufrido en el marco del conflicto armado.
En este espacio, se solicitó la adopción de medidas cautelares para la protección del territorio y se acordó una agenda de trabajo conjunta que incluirá la participación de la Procuraduría Delegada ante la JEP.
La JEP trabaja en coordinación con el Gobierno Nacional, gobiernos locales, cooperación internacional, organizaciones civiles y el sector privado para implementar las sanciones propias y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.
La meta es que estas medidas respondan a las expectativas de las víctimas y de las comunidades afectadas por el conflicto armado, contribuyendo al proceso de construcción de paz en Colombia.
(Colprensa)
