La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a tres nuevos comparecientes de la fuerza pública por su participación en asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate entre 2005 y 2008 en el departamento de Casanare, en el oriente del país.
Los oficiales señalados por la Sala de Reconocimiento de Verdad son el teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, el sargento Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar.
Según determinó la JEP, actuaron como coautores de homicidio en persona protegida y desaparición forzada en el marco del Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga el fenómeno de los mal llamados ‘falsos positivos’.
Sarmiento Valbuena fue oficial de inteligencia de la Brigada XVI; Olivera Arrieta, sargento segundo en la misma oficina, encargado del análisis del blanco FARC; y Parada Cuéllar, comandante del pelotón ‘Cobra 4’ del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez (BIRNO 44), además de miembro de inteligencia.
La JEP concluyó que estos tres militares contribuyeron de manera esencial a una estructura macrocriminal orientada a reportar resultados operacionales falsos mediante el asesinato de civiles, que eran presentados como miembros de grupos armados ilegales dados de baja en combate.
Esta imputación se produce luego de que el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en representación de víctimas, y la Procuraduría General de la Nación, interpusieran recursos contra una decisión previa de remitir la situación jurídica de 301 comparecientes de la fuerza pública a la Sala de Definición.
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La magistratura, al resolver los recursos, determinó que había pruebas suficientes para individualizar la participación de estos tres nuevos imputados en crímenes de especial gravedad.
La JEP explicó que estos oficiales facilitaron, planearon o ejecutaron operaciones ilegales. En el caso de Sarmiento Valbuena, permitió el uso de información estigmatizante del DAS, falseó registros internos y viabilizó el pago de recompensas. Olivera Arrieta elaboró documentos que sustentaron las operaciones y compartió inteligencia con otras unidades. Parada Cuéllar participó directamente en el reclutamiento y asesinato de víctimas, y promovió actividades de inteligencia ilegales desde su cargo.
Con estas nuevas imputaciones, ya son 29 los comparecientes señalados como máximos responsables en este subcaso. De ellos, 24 reconocieron su responsabilidad ante las víctimas, la justicia y el país en la Audiencia de Reconocimiento celebrada en septiembre de 2023. Los tres nuevos imputados tienen 30 días para responder si aceptan o no los cargos.
La Sala de Reconocimiento calificó los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, según el Código Penal colombiano y los estándares del derecho internacional, incluidos el Derecho Internacional Humanitario y el Estatuto de Roma.
El patrón criminal documentado por la JEP expone una práctica sistemática dentro de la Brigada XVI, mediante la cual se ejecutaron ataques planeados y a gran escala contra personas indefensas. Las víctimas fueron engañadas, reclutadas, retenidas y posteriormente asesinadas para simular combates inexistentes.
La JEP subrayó que el aporte de estos oficiales fue determinante para mantener el funcionamiento de esa estructura criminal. La decisión de ampliar la imputación, sostuvo la jurisdicción, busca avanzar en el esclarecimiento de la verdad y la judicialización de los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado colombiano.
(Colprensa)
