La Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este jueves crímenes de guerra y de lesa humanidad a 30 integrantes del Ejército, entre ellos tres generales retirados, quienes deberán responder por el asesinato de 209 personas que fueron presentadas ilegítimamente como bajas en combate en el departamento del Meta, entre 2002 y 2007, como parte de un plan criminal para mostrar resultados operacionales.
El tribunal de paz vinculó formalmente a los brigadieres generales retirados Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como al mayor general retirado Carlos Eduardo Ávila Beltrán.
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A estos altos oficiales se les atribuyó la responsabilidad como autores por “omisión impropia”, lo que significa que, teniendo la capacidad y la obligación de proteger a la población, no ejercieron el control necesario sobre sus subordinados para evitar los crímenes.
La investigación concluyó que, desde sus posiciones de mando en la Séptima Brigada, actuaron con permisividad y no tomaron medidas para investigar o sancionar las muertes que se presentaban, lo que facilitó un entorno de impunidad.
Los generales incumplieron sus deberes constitucionales a pesar de contar con medidas razonables para detener las irregularidades. Sus actuaciones transmitieron la idea de que la unidad militar no solo toleraba las operaciones irregulares para simular combates, sino que también promovía incentivos para su ejecución, imponiendo las muertes como el único indicador de éxito militar.
Además de los generales, la imputación cobijó a otros 27 militares pertenecientes al Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas (BIVAR) y al Gaula Rural Meta.
La investigación judicial reveló que existió una estrecha relación entre integrantes del Ejército y el Bloque Centauros de las Autodefensas. Esta conexión funcionó bajo tres modalidades: operaciones conjuntas, permisividad frente al accionar paramilitar y presentación de bajas falsas.
La JEP estableció que el reporte de bajas falsas fue la principal forma de pago que los paramilitares entregaban a la fuerza pública. A cambio de entregar víctimas para que el Ejército las presentara como resultados, los militares permitían actividades criminales y masacres.
Testimonios de exjefes paramilitares como “Otoniel”, “Pirata” y “Chatarro” confirmaron estas prácticas.
El tribunal identificó tres patrones criminales: colaboración directa con paramilitares, actuaciones independientes para simular combates y falsas operaciones antisecuestro y antiextorsión ejecutadas por el Gaula Rural Meta. Estos hechos dejaron 209 víctimas, de las cuales 65 fueron desaparecidas.
La JEP declaró la imprescriptibilidad de 42 homicidios adicionales que, aunque no calificaron como crímenes internacionales, sí constituyeron graves violaciones de derechos humanos.
Los militares imputados tienen 15 días hábiles para reconocer o rechazar los hechos. Si aceptan responsabilidad y aportan verdad plena, accederán a sanciones propias del sistema transicional; si no, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de cárcel.
Colprensa
