La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó al Gobierno Nacional y al Congreso la asignación urgente de $121.858 millones para poder implementar las primeras sentencias con sanciones propias contra los máximos responsables de las extintas Farc y de militares implicados en ejecuciones extrajudiciales.
En una carta enviada el 23 de septiembre de 2025, firmada por el presidente Alejandro Ramelli y el secretario ejecutivo Harvey Danilo Suárez, la JEP reconoció que el Ministerio de Hacienda ya asignó $20.000 millones iniciales. Sin embargo, advirtió que este monto es insuficiente para financiar los proyectos de reparación y restauración de los macrocasos 01 y 03, relacionados con secuestro y falsos positivos.
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El tribunal explicó que el cumplimiento de estas sentencias depende legal y constitucionalmente de la asignación de recursos en el Presupuesto General de la Nación. La carta enfatizó: “El monto requerido para la implementación de los dos primeros proyectos que conforman esta fase inicial de cumplimiento de las sanciones es de $121.858 millones”.
La JEP alertó además sobre dos obstáculos: la falta de un decreto del Ministerio de Justicia que establezca condiciones de seguridad, habitabilidad y protección para la ejecución de trabajos reparadores en los territorios, y el incumplimiento generalizado de la Circular Externa 012 de 2025 del Ministerio de Hacienda, que ordenaba priorizar en el presupuesto de 2026 los gastos necesarios para acatar las decisiones judiciales de la Jurisdicción.
El magistrado Camilo Suárez, ponente de la primera sentencia contra el último secretariado de las Farc, advirtió que sería “muy grave” que el Gobierno no asigne los recursos, ya que “los jueces no manejamos presupuesto; esa es una obligación del Ejecutivo”.
La primera sentencia, del 16 de septiembre de 2025, condenó a siete exintegrantes del Secretariado de las Farc, entre ellos Rodrigo Londoño, Pastor Alape y Julián Gallo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Los proyectos de reparación costarán $35.762 millones, destinados a iniciativas ambientales, memoria histórica, acción contra minas y búsqueda de desaparecidos.
La segunda sentencia, del 18 de septiembre, sancionó a 12 militares del Batallón La Popa por el asesinato y desaparición de 135 personas en la Costa Caribe, conocidos como “falsos positivos”. Los proyectos de reparación suman $86.096 millones e incluyen un centro cultural Wiwa, un plan de memoria para la Costa Caribe y proyectos productivos para víctimas indígenas Kankuamo y Wiwa.
Las sanciones de la JEP, con una duración de ocho años, no implican cárcel tradicional. Incluyen un componente restaurativo, con Trabajos, Obras y Actividades con contenido Reparador-Restaurador (TOAR), y uno retributivo, con restricción efectiva de la libertad. El cumplimiento será verificado por la ONU y la misma JEP, y su incumplimiento podría acarrear penas de hasta 20 años de prisión ordinaria.
Finalmente, se aclaró que las sanciones no inhabilitan la participación política, aunque el desempeño de un cargo público será evaluado caso por caso por la Jurisdicción.
Colprensa
