La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios aún por determinar de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) por presuntas irregularidades en la firma de un contrato valorado en más de $14.900 millones. El convenio tenía como objetivo la adquisición de 283 botes destinados a los pescadores más vulnerables del país.
Según información difundida en medios de comunicación, el contrato fue suscrito con la Alianza Colombiana de Instituciones Públicas de Educación Superior -Red Summa-, eludiendo el procedimiento de licitación pública, obligatorio por la cuantía del trabajo requerido.
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Adicionalmente, se señala que la entidad contratada carecía de experiencia en la construcción de embarcaciones. Además, se pactó un anticipo del 50 % del valor total del contrato, es decir, más de $7.000 millones, sin que se hubieran entregado los bienes contratados.
Con esta indagación, la Procuraduría busca esclarecer la ocurrencia de estos hechos, identificar a los posibles responsables, y determinar si hubo faltas disciplinarias. También se analizarán los motivos determinantes y las circunstancias en las que se habrían cometido estas irregularidades.
Esta investigación subraya la importancia de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, especialmente cuando están destinados a apoyar a las comunidades más vulnerables.
