Una decisión inesperada tomó el magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez durante la audiencia en la que se decide si Álvaro Uribe debe ser condenado o no por manipulación de testigos.
Aunque múltiples decisiones judiciales habían dado validez a as interceptaciones telefónicas entre Uribe y su entonces abogado Diego Cadena, el magistrado concluyó que son ilegales, aceptando así los argumentos del abogado Jaime Granados.
El abogado decía que esas interceptaciones fueron ilegales, porque en 2018 la Corte Suprema ordenó escuchar una línea telefónica que se creía pertenecía al congresista Nilton Córdoba Manyoma, dentro de la investigación por el escándalo del “Cartel de la Toga», pero que en realidad era del abogado Diego Cadena, lo que significó que se escucharon conversaciones sin orden judicial. Pero que también se violó el secreto profesional.
Para el magistrado Gutiérrez, “las conversaciones interceptadas son fruto de una obtención ilícita”. Según explicó el magistrado, tenía que acreditarse que era una prueba legal. «Cualquier intento de convalidarla la ilicitud fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta pescas indiscriminadas. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad».
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El proceso judicial contra Uribe se remonta a 2012, cuando él mismo denunció al entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de ofrecer prebendas a exjefes paramilitares para que declararan en su contra, señalándolo como presunto fundador del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y de haber participado en crímenes como la masacre de El Aro.
Sin embargo, el 16 de febrero de 2018 la Corte Suprema de Justicia determinó que no existían motivos suficientes para procesar a Cepeda y, por el contrario, abrió una investigación contra Uribe al encontrar indicios de que habría intentado manipular testigos a su favor mediante terceros, entre ellos el abogado Diego Cadena. Esa decisión dio origen a un expediente que, tras dos intentos fallidos de preclusión, terminó con la histórica condena de 12 años contra el exmandatario.
Según la jueza Sandra Liliana Heredia, Uribe no solo conocía las maniobras de su abogado, sino que fue quien las ordenó. “El acusado (Uribe) sí conocía el plan que se maquinaba, no fue accidental su intervención (….) No es designio de la providencia, mandato de Dios o alineación de los planetas que al tiempo todos los protagonistas se abocaran hacia una misma causa», dice el fallo. Meses después, Cadena también fue sentenciado a siete años de cárcel, aunque únicamente por soborno.
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