En la madrugada del 8 de noviembre de 2025, en la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, se frustró un intento de atentado contra el batallón Gustavo Rojas Pinilla, cuando autoridades hallaron una volqueta cargada con explosivos estratégicamente abandonada cerca de la instalación militar. El hallazgo, que generó alarma ciudadana en los barrios aledaños, marca un hecho inédito para esta región.
Según los reportes oficiales, el vehículo fue encontrado por vecinos del barrio Prados de Alcalá, quienes dieron aviso a la Policía Metropolitana de Tunja. Tras la alerta, se activaron los protocolos de evacuación y los especialistas del Equipo Antiexplosivos llevaron a cabo una detonación controlada de los dispositivos que estaban ensamblados en la plataforma de la volqueta. No hubo víctimas mortales ni heridos.
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Las autoridades confirmaron que el automotor transportaba aproximadamente 24 cilindros explosivos, también conocidos como “tatucos”, los mismos que en otros ataques han sido lanzados mediante plataformas en vehículos pesados. El camión estaba dirigido según la investigación inicial a las instalaciones del batallón, lo que eleva la gravedad del hecho al tratarse de un objetivo militar en una zona poco usual para este tipo de operaciones.
El comandante de la Policía Metropolitano en Tunja confirmó que el operativo de desactivación y control se realizó sin registrar baja en la fuerza pública ni entre civiles, aunque sí se reportaron daños menores en algunos alojamientos y un vehículo aledaño al lugar del hallazgo. Los barrios afectados fueron evacuados preventivamente durante las maniobras de desarme.
El Gobierno nacional catalogó el ataque como un acto “terrorista” y anunció recompensas por información que conduzca a la captura de los autores. Hasta el momento, no se han divulgado responsables ni vínculos oficiales con grupos al margen de la ley, aunque fuentes extraoficiales apuntan al posible involucramiento de disidencias de las FARC-EP o del ELN.
Este incidente ha generado una fuerte reacción social en Boyacá, región que históricamente se considera ajena a las hostilidades violentas. Autoridades locales han reforzado los controles de seguridad en las instalaciones militares y zonas urbanas cercanas, y vecinos expresaron temor por “la calma rota” en la ciudad.
La investigación quedó en manos de unidades especializadas del Ejército y la Policía que examinarán el vehículo, los artefactos y posibles rutas de abastecimiento de explosivos. Las autoridades insistieron en que la coordinación ciudadana fue clave para evitar una tragedia.
Este suceso pone de manifiesto que, aún en territorios fuera del foco tradicional de la violencia, la amenaza de atentados persiste. Las fuerzas de seguridad reiteran su llamado a la comunidad para reportar vehículos o conductas sospechosas, reforzando que la prevención es ahora más crucial que nunca.
