La Costa Caribe de Colombia se enfrenta a una crisis crítica en sus servicios de alumbrado público, con un apagón inminente que afectaría a los departamentos de Guajira, Magdalena y Atlántico.
La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) ha alertado sobre esta situación tras la reciente decisión de la interventoría de la Empresa AIRE de no cobrar por estos servicios esenciales.
Decisión Arbitraria y Sus Consecuencias
Armando Gutiérrez, Director Ejecutivo de ANAP, calificó la decisión del Agente Interventor, Ingeniero Carlos Diago, como «arbitraria e ilegal».
Según Gutiérrez, esta medida, tomada sin un estudio serio, contraviene la Ley 1819 de 2016, que estipula que el recaudo del impuesto de alumbrado público debe hacerse a través de las facturas de servicios públicos domiciliarios.
«Esta acción no solo pone en riesgo la continuidad del servicio de alumbrado, sino que también puede resultar en un daño fiscal y una posible responsabilidad penal para el funcionario involucrado», agregó.
Impacto en la Comunidad
La suspensión del cobro podría llevar a la interrupción de los pagos a las empresas de energía, lo que a su vez detendría las modernizaciones necesarias, como el cambio de luminarias de sodio a LED, diseñadas para mejorar la eficiencia energética.
Este apagón inminente representa un riesgo considerable para la seguridad ciudadana, especialmente en una región donde la violencia y la inseguridad ya son preocupaciones constantes.
La ANAP ha emitido un llamado urgente al Agente Interventor para que revoque su decisión y actúe de acuerdo con la ley.
“Si no se toman medidas inmediatas, los municipios se quedarán sin recursos, afectando directamente la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó Gutiérrez.
Para tener en cuenta
La crisis de alumbrado público en la Costa Caribe resalta la importancia de una gestión adecuada y legal de los servicios públicos.
La decisión del Agente Interventor no solo amenaza con dejar a millones de ciudadanos en la oscuridad, sino que también plantea serias implicaciones legales y financieras para las entidades territoriales.
En un contexto donde la seguridad y el bienestar de la comunidad son primordiales, es crucial que se tomen decisiones informadas y responsables.
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