Este jueves 26 de marzo de 2026, el panorama político y judicial del continente se concentra en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, comparecerán en una segunda audiencia preliminar ante el juez Alvin K. Hellerstein. El foco del encuentro será una moción presentada por la defensa para desestimar el caso, argumentando que el Gobierno de Estados Unidos está vulnerando el derecho constitucional de los acusados a una defensa técnica al bloquearles el acceso a fondos estatales para cubrir honorarios legales.
El abogado de Maduro, Barrick Pollack reconocido por lograr la liberación de Julian Assange, sostiene que la OFAC modificó unilateralmente una licencia que inicialmente permitía el pago de la defensa con fondos provenientes de Caracas. Según Pollack, Maduro «carece de fondos propios» para costear un equipo de tal magnitud, lo que lo dejaría en una situación de indefensión. No obstante, expertos legales como Anna Cominsky señalan que, de retirarse los abogados privados por falta de pago, el tribunal asignaría defensores públicos para garantizar la continuidad del proceso.
Maduro enfrenta cargos graves que incluyen conspiración narcoterrorista y posesión de dispositivos destructivos, mientras que Flores es señalada por conspiración para la importación de cocaína. Ambos, quienes permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn tras su captura en enero, se declararon «no culpables» en la lectura inicial de cargos. El proceso entra ahora en una etapa crítica de «descubrimiento de pruebas» (discovery), donde la Fiscalía debe entregar un volumen masivo de documentos, videos y testimonios acumulados durante años de investigación.
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El desenlace de esta audiencia definirá el ritmo del juicio. Si el juez Hellerstein rechaza la moción de desestimación, el caso avanzará hacia una fase de revisión de pruebas que podría durar entre seis meses y un año. En Estados Unidos, a diferencia de otros sistemas, la defensa no solo revisa lo entregado por el Estado, sino que realiza su propia investigación independiente. Por ahora, la atención internacional se centra en si el tribunal permitirá el uso de activos venezolanos o si el proceso tomará el rumbo de una defensa de oficio bajo las leyes estadounidenses.
