La Procuraduría inició una indagación previa con el objetivo de averiguar quiénes son los responsables dentro de Coljuegos y otros intervinientes por las presuntas irregularidades ocurridas durante la adjudicación del contrato para la explotación del conocido juego de suerte y azar Baloto.
Según la información recolectada por el ente de control, al parecer la Junta Directiva de Coljuegos adoptó decisiones que resultaron determinantes para el desarrollo del proceso licitatorio. El organismo de control señaló que estas determinaciones incluirían la aprobación de modificaciones directas al reglamento del juego y una flexibilización de los requisitos exigidos en el proceso de selección.
También le puede interesar: https://nacioncolombia.com/muerte-nilson-de-arco-lider-social-soledad/
Sin embargo, el punto que despertó mayor interés en los investigadores fue la supuesta reducción de la tarifa de derechos de explotación económica. Este concepto se refiere al dinero que la empresa ganadora del contrato (el concesionario) debe pagarle al Estado por operar el juego. La Procuraduría busca establecer por qué se disminuyó este valor que es una fuente de ingresos pública.
El Ministerio Público explicó que centra su indagación en la viabilidad técnica, jurídica y financiera de las decisiones que tomó la Junta Directiva de Coljuegos. El ente de control enfatizó su revisión específicamente en los acuerdos mediante los cuales se redujeron las tarifas de explotación y se hicieron más laxos los términos del proceso.
Esta situación generó una alerta en el órgano de control, pues advirtió que dichas maniobras podrían comprometer la destinación de recursos fundamentales para el sistema de salud de los colombianos, sector que se financia en gran parte con las rentas producidas por los juegos de suerte y azar en el país.
Ante este escenario, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica de pruebas inmediata. Esta diligencia tiene como fin identificar e individualizar a los posibles responsables de los hechos irregulares informados.
La entidad concluyó que estas acciones permitirán establecer con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron las modificaciones al contrato. Con estos datos, el Ministerio Público determinará si hay mérito para continuar con una actuación disciplinaria formal contra los funcionarios implicados en la gestión de la licitación del Baloto.
Colprensa
