El próximo 8 de julio, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y trabajadores del sector privado serán llamados a imputación de cargos en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control Garantías de Barranquilla. Esta medida, que se ha retrasado por más de un año debido a peticiones dilatorias, incluye a la empresa ULTRACEM.
En la audiencia, los funcionarios públicos Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero, y Lucero Castañeda Hernández, así como el representante legal de Ultracem, Julián Alberto Vázquez Arango, enfrentarán cargos por prevaricato por acción y por omisión. Se les acusa de emitir resoluciones contrarias a la ley, favoreciendo a Ultracem en la adjudicación de un título minero en Barranquilla, Puerto Colombia, y otros municipios del Atlántico.
El abogado de las víctimas, Pedro Ospino Polo, asegura que hay pruebas contundentes de que los títulos mineros fueron obtenidos de manera irregular, implicando a funcionarios de la Agencia Nacional de Minería que supuestamente recibieron favores a cambio de la entrega de estos títulos.
Según Ospino Polo, “la Fiscalía tiene todo el material probatorio para demostrar las irregularidades en la adjudicación de títulos mineros. Los acusados intentan eludir la justicia con medidas dilatorias que buscan impunidad.”
Las investigaciones revelan alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros, con documentos desapareciendo misteriosamente para beneficiar a terceros. Los abogados de las víctimas están determinados a oponerse a cualquier medida dilatoria y exigen una pronta acción judicial. Además, hacen un llamado a la Fiscal General de la Nación para intervenir, debido a presiones desde Bogotá por parte de una Fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana.