Imputación a Hugo Aguilar; Una nueva imputación hizo la Fiscalía este viernes en contra del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar Naranjo, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.
La investigación tiene relación con la celebración de un contrato en 2007, cuyo objeto consistió en el «apoyo financiero por parte del departamento a la fundación para ejecutar el proyecto de apoyo para la adquisición de regalos para la celebración del Aguinaldo Feliz de los niños del departamento«, por un valor de $650 millones.
Durante la audiencia realizada ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia indicó que el exmandatario omitió su deber constitucional de vigilancia, control y seguimiento sobre la contratación pública, y delegó el desarrollo del proceso contractual cuestionado a la Secretaría de Desarrollo Social.
(También le puede interesar: Consejo de Estado ordena retractación a Petro por Vargas Lleras)
En el curso de la investigación fueron identificadas anomalías en la fase precontractual e inconsistencias en los estudios previos. Por ejemplo, la administración departamental no realizó un censo poblacional para conocer cuántos menores de edad se encontraban en condiciones de pobreza y en qué municipios vivían, tampoco argumentó con claridad la necesidad de avanzar el proyecto ni abrió licitación pública. Finalmente, el contrato fue suscrito con una fundación que no tenía la idoneidad.
El pasado 29 de abril, la Corte Suprema de Justicia lo declaró inocente de irregularidades en varios convenios suscritos, en su momento, por la Gobernación de Santander y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, Panachi.
Los convenios cuestionados sumaban un total de $21.305 millones y aunque fueron suscritos por los titulares de la Secretaría de Desarrollo que ejercieron funciones de marzo de 2005 a mayo de 2007, la Fiscalía investigó la responsabilidad de Aguilar debido a que él fue quien delegó y ordenó esa facultad. Sin embargo, la Corte concluyó que no se pudo determinar su responsabilidad.
(Colprensa)
