Francisco Acosta, el hombre arrestado por el feminicidio de Yurley Cervantes en un bus del SITP, ya había sido responsable de asesinatos previos. A pesar de que Cervantes había reportado ataques anteriores, las autoridades no habían formalizado la denuncia, lo que permitió que el crimen se consumara.
El 12 de septiembre de 2024, la trágica muerte de Yurley Patricia Cervantes en un bus de servicio público en el barrio Santa Fe de Bogotá, expuso una alarmante realidad sobre el pasado criminal de su asesino, Francisco Acosta. Acosta, de 29 años, ya tenía un historial de violencia y homicidios, lo que plantea serias preguntas sobre la eficacia de los sistemas de protección para víctimas de violencia de género.
Yurley Cervantes, de 27 años, había escapado a Bogotá buscando protección contra Acosta, su expareja, quien la había acosado y amenazado repetidamente. A pesar de contar con una medida de protección y haber presentado denuncias previas, estas no fueron formalizadas a tiempo, permitiendo que el agresor encontrara y asesinara a Cervantes mientras viajaba en un bus junto a su tía, quien resultó herida en el ataque.
Investigaciones recientes han revelado que Acosta no solo tenía antecedentes por violencia intrafamiliar, sino que también había sido implicado en otros homicidios. Las autoridades revelaron que Acosta había atacado a Cervantes días antes del crimen fatal, pero las denuncias no fueron debidamente procesadas, lo que permitió al agresor continuar con su violencia.
El caso de Yurley Cervantes ha puesto de relieve deficiencias en el sistema de justicia y protección para las víctimas. A pesar de las repetidas amenazas y agresiones, no se habían tomado medidas adecuadas para evitar el asesinato. Los detalles de su prontuario criminal indican que Acosta había estado involucrado en actos violentos anteriores, pero no se había actuado con la suficiente rapidez para prevenir este nuevo crimen.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó la captura de Acosta el 13 de septiembre y aseguró que se hará justicia por el feminicidio. Sin embargo, este caso plantea serias preocupaciones sobre la coordinación entre las fuerzas del orden y las entidades de protección para asegurar la seguridad de las víctimas.
La muerte de Yurley Cervantes resalta una falla crítica en el sistema de protección y justicia para las víctimas de violencia de género. La falta de acción ante denuncias previas permitió que Francisco Acosta continuara su patrón de violencia. Es imperativo que se revisen y mejoren los procedimientos para garantizar que las denuncias de violencia se procesen con celeridad y eficacia, protegiendo así a las víctimas y evitando futuros crímenes. La comunidad y las autoridades deben colaborar para fortalecer los mecanismos de protección y asegurar que los agresores enfrenten las consecuencias de sus actos de manera efectiva.
