La compañía petrolera Hocol S.A. emitió un contundente pronunciamiento frente a las recientes publicaciones de prensa que señalan presuntos seguimientos y amenazas contra su exdirectivo, Luis Enrique Rojas Cuellar. La empresa calificó estos cuestionamientos como infundados, precisando que los incidentes relatados por Rojas no son hechos actuales, sino situaciones que datan de hace dos años. Según el comunicado, la organización ha actuado bajo estrictos protocolos de transparencia, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes cada una de las novedades reportadas durante y después de la vinculación del exfuncionario.
En el desglose de los hechos, Hocol reveló que desde agosto de 2024 se alertó a la justicia sobre llamadas amenazantes que el mismo Rojas atribuyó a cambios internos en el equipo directivo. No obstante, tras investigaciones del Gaula de la Policía, se determinó que algunas de estas comunicaciones eran llamadas extorsivas provenientes de centros carcelarios. Asimismo, la compañía aclaró que un supuesto atentado denunciado en diciembre de 2024 fue calificado por las unidades del cuadrante como un intento de hurto de vehículo y no como un plan estructurado contra la vida del entonces presidente de la estatal.
Respecto a las medidas de protección, la empresa subrayó que el 1 de septiembre de 2024 se robusteció el esquema de seguridad de Rojas de manera preventiva. Sin embargo, al elevar la solicitud ante la Unidad Nacional de Protección (UNP) para un esquema adicional, esta fue denegada por la entidad al no encontrar méritos suficientes que sustentaran un riesgo extraordinario. Tras su retiro oficial de la compañía el 30 de abril de 2025, Hocol extendió por tres meses más su esquema de seguridad reforzada y notificó nuevamente a la Fiscalía General de la Nación sobre las circunstancias denunciadas.
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Finalmente, la organización se refirió a una controversia judicial sobre el ingreso de armamento a sus oficinas el 7 de mayo de 2025, fecha en la que Rojas ya no pertenecía a la firma. Hocol fue enfática en señalar que la restricción de acceso con armas respondió al cumplimiento estricto de los protocolos internos de seguridad y control de activos. Con esta aclaración, la petrolera busca cerrar el capítulo de especulaciones y reiterar que todas las actuaciones de la junta directiva y el equipo de seguridad han estado ceñidas a la ley y la protección de la integridad institucional.
