Once hallazgos fiscales, de los cuales uno tiene presunta incidencia fiscal por $8.879 millones y seis presunta incidencia disciplinaria, encontró la Contraloría General de la República en una auditoría a varias entidades del Departamento de Antioquia y el Distrito Especial de Medellín.
El caso de incidencia fiscal tiene relación con un convenio interadministrativo suscrito por el municipio de Sopetrán con el Departamento de Antioquia en 2017, por $8.931 millones.
El convenio tenía el fin de garantizar el acceso a la educación de su comunidad y, como parte de él, se firmó un contrato de obra para la construcción del megacolegio, por $10.336 millones, con un plazo de ejecución de 12 meses. Dicho contrato fue suspendido en la vigencia 2020.
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La auditoría evidenció que la construcción del megacolegio para la integración de la Institución Educativa José María Villa, sede principal y la sede Marco Fidel Suarez del Municipio de Sopetrán, está sin terminar y no está prestando servicio alguno.
Además, se ha deteriorado por el paso del tiempo y está siendo objeto de vandalismo y hurtos.
De otra parte, la Contraloría encontró que en los municipios de Cáceres, San Pedro de Urabá y Urrao, la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), empezó cuando ya había iniciado el calendario escolar, lo que afectó la estrategia de acceso y permanencia en el sistema educativo oficial, de los municipios no certificados del departamento de Antioquia.
(Colprensa)
