En una nueva jornada de tensión institucional, el presidente Gustavo Petro defendió con vehemencia el traslado de 25 billones de pesos desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones. El mandatario no solo justificó la medida, sino que elevó una petición formal a la Corte Constitucional para que otorgue el aval definitivo a la reforma pensional, argumentando que el nuevo sistema de pilares es la única vía para evitar una quiebra sistémica de los fondos. Este movimiento financiero ha generado una fuerte alerta en sectores gremiales, que ven con preocupación la liquidez inmediata del ahorro privado.
Petro dirigió sus cuestionamientos hacia la ANIF, tras los pronunciamientos de esta entidad sobre la capacidad real de los fondos para responder a traslados masivos. El jefe de Estado planteó interrogantes sobre la solvencia de las administradoras privadas: “¿Está diciendo la ANIF que los fondos privados no pueden garantizar el retiro del dinero cuando los ahorradores lo solicitan?”, señaló el mandatario. Además, enfatizó que cualquier obstáculo que impida al cotizante mover su capital al régimen de su elección podría calificarse como inconstitucional y delictivo.
Ante la incertidumbre generada, el Ejecutivo anunció una reunión de alto nivel con el Superintendente Financiero y los representantes de Asofondos. El objetivo del encuentro será auditar si las administradoras cuentan con la capacidad técnica y financiera para sostener el flujo de traslados sin afectar el mercado de capitales. Petro recordó que, bajo la Constitución, su función es ejercer vigilancia y control sobre el sistema financiero para proteger el ahorro del público, instando a los ciudadanos a interponer acciones judiciales si enfrentan demoras en la gestión de sus recursos.
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Sin embargo, voces jurídicas han calificado el movimiento de estos activos como «completamente ilegal», advirtiendo que el uso de los ahorros pensionales para financiar gasto corriente o estabilizar el presupuesto nacional podría vulnerar derechos fundamentales. Mientras la Corte Constitucional delibera sobre la exequibilidad de la reforma, el debate en Nación Colombia se centra en la sostenibilidad a largo plazo de un modelo que busca centralizar el grueso de los aportes en el Estado, en un contexto de envejecimiento poblacional y retos fiscales crecientes para el país en este 2026.
