Las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela han sido objeto de severas críticas y denuncias de fraude, empañando la credibilidad del proceso electoral y los resultados proclamados. Nicolás Maduro fue declarado ganador con el 51% de los votos, en un proceso dirigido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), bajo la presidencia de Elvis Amoroso, conocido por su estrecha relación con el régimen chavista.
Uno de los puntos más controvertidos ha sido la restricción del derecho al voto para millones de venezolanos en el exterior, afectando a aproximadamente el 25% del electorado. Estos votantes, en su mayoría migrantes, se vieron impedidos de participar debido a requisitos arbitrarios como la necesidad de pasaporte y otros documentos no exigidos a los residentes en Venezuela. Esta medida privó del derecho al voto a más de cuatro millones de venezolanos, muchos de los cuales residen en Colombia bajo un estatus migratorio regular.
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Durante el día de las elecciones, se reportaron múltiples incidentes, incluyendo el cierre de numerosos centros de votación y la falta de transmisión de conteos. En varios puntos de votación, encapuchados y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) fueron vistos llevándose las cajas con los votos, generando gran preocupación y desconfianza entre los votantes y observadores. Además, las actas de votación no aparecieron, lo que incrementó las sospechas de manipulación y fraude.
Líderes internacionales han manifestado su rechazo a estos resultados. Diversos mandatarios y cancilleres han condenado las irregularidades, calificando el proceso de «viciado» y denunciando la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano.
La líder opositora María Corina Machado ha alertado sobre el riesgo de una nueva ola migratoria debido al fraude electoral, lo que podría agravar la ya crítica situación humanitaria del país.
Ante estos hechos, la comunidad internacional y diversos gobiernos han exigido una revisión transparente del proceso electoral, apoyando al pueblo venezolano en su búsqueda de una democracia genuina y justa.
